Un tribunal de alzada de Argentina
aceptó un pedido del Gobierno para que el caso del uso de reservas
monetarios para el pago de deudas sea analizado por la Corte
Suprema, pero mantuvo la vigencia de una medida cautelar que frenó
la utilización de los millonarios recursos.
Fuentes judiciales informaron que la Cámara Nacional de
Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal avaló que la
causa abierta por el denominado Fondo del Bicentenario sea tratada
por el Supremo, tal como había solicitado el Ejecutivo el pasado día
5.
Sin embargo, los jueces del tribunal de alzada rechazaron el
pedido del Gobierno para que quedara en suspenso un fallo de un
juzgado de primera instancia que frenó la constitución del fondo,
cuya creación había sido ordenada en diciembre pasado por un decreto
de necesidad y urgencia de la presidenta argentina, Cristina
Fernández.
Parlamentarios de la oposición habían recurrido a la Justicia en
contra de ese decreto presidencial, cuya validez debe ser discutida
en el Congreso, donde el oficialismo ha perdido la mayoría absoluta
tras los comicios legislativos de junio pasado.
La polémica se desató el pasado 15 de diciembre, cuando Fernández
decretó la creación del Fondo del Bicentenario, que debía
constituirse con US$ 6.569 millones provenientes de las
reservas monetarias del Banco Central y cuyo destino era garantizar
el pago de deudas soberanas.
La creación de este fondo fue anunciada en consonancia con la
voluntad de Argentina de lanzar una oferta de canje para aquellos
acreedores con bonos argentinos por US$ 20.000 millones
impagos desde 2001 y que no ingresaron a una millonaria
reestructuración en 2005.
El Gobierno argentino asegura que el canje y la "señal positiva"
a los inversores que se pretende dar con el Fondo del Bicentenario
son vitales para que el país pueda regresar a los mercados
internacionales a financiarse a tasas razonables, algo que no ocurre
desde el estallido de la severa crisis de 2001.
Pero desde la oposición aseguran que, con el impulso de ese
polémico fondo, el Ejecutivo pretende esconder los problemas
fiscales del país y apropiarse de los recursos del Banco Central
para sustentar el alto gasto público.
Además de arremeter en la Justicia contra el Fondo del
Bicentenario, la oposición se esforzó en los últimos días en
sumar apoyos de bloques independientes en el Parlamento en contra
del decreto presidencial.
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