¿Cómo deberían responder los bancos centrales a la tecnología digital? Esta pregunta ha cobrado urgencia. La respuesta es por una parte que tanto ellos como los gobiernos tienen que hacerse con el control del nuevo Salvaje Oeste del dinero privado. Pero también que ahora deben introducir monedas digitales propias.
El Estado no debe descuidar su papel como garante de la seguridad y la facilidad de uso del dinero. La idea de que debería hacerlo es una fantasía libertaria. Es más, la necesidad de actuar ha cobrado urgencia. Según un trabajo de Gary Gorton de Yale y Jeffery Zhang de la Reserva Federal, los innovadores han creado ya más de 8.000 criptomonedas.
Gorton y Zhang dividen estas creaciones en dos categorías principales: las "criptomonedas fiduciarias" sin respaldo, como el bitcoin; y las "stablecoin", respaldas por dinero fiduciario público. Ambas son problemáticas en distintos sentidos.
En un artículo en el FT, Roger Svensson argumentó que las criptomonedas fiduciarias no cumplen ninguno de los criterios para ser dinero utilizable. El Banco de Pagos Internacionales (BPI) afirma en su último informe anual que "las criptomonedas son activos especulativos más que dinero, y en muchos casos se utilizan para facilitar el blanqueo de capitales, los ataques de ransomware y otros delitos financieros. El bitcoin, en particular, tiene pocos atributos positivos de interés público si se tiene en cuenta también su derrochadora huella energética". En mi opinión, estas "monedas" deberían ser ilegales.
Las stablecoin son diferentes. Como sostienen Gorton y Zhang, el dinero debe poder utilizarse para hacer pagos "sin preguntas", incluso en una crisis. Ese es el motivo de que estén respaldados y regulados por el Estado. La misma preocupación surge con las stablecoin. En una crisis pueden producirse "retiradas masivas de depósitos", similares a las de los fondos del mercado monetario en 2008. Por lo tanto, o bien se respaldan una por una las stablecoin con dinero de la banca central, o bien se regulan sus emisores como se hace con los bancos.
Más importante que las nuevas "monedas" es la entrada de las grandes tecnologías en los pagos. Esto ofrece ventajas, pero también peligros. Los sistemas de pago actuales son costosos, ya que los pequeños pagos en efectivo son ahora más baratos que las tarjetas de crédito o de débito y los pagos internacionales son notablemente caros. Además, los sistemas de pago digitales no están al alcance de todos, ni siquiera en los países de ingresos altos. En principio, estos nuevos actores podrían aportar grandes mejoras. Pero esta evolución también amenaza con fragmentar el sistema de pagos, erosionar la privacidad e incluso explotar a los consumidores.
Es tarea de los bancos centrales -junto con otros reguladores- garantizar que la revolución de los pagos digitales funcione para el conjunto de la sociedad. Ahora existe la posibilidad -necesidad, en mi opinión- de aumentar el dinero en efectivo con monedas digitales de los bancos centrales (MDBC).
Aquí se plantea una importante cuestión: ¿Deben utilizarse las MDBC únicamente en las operaciones mayoristas o también por parte de los clientes minoristas? La respuesta tiene que ser esta última. Siempre ha sido problemático que el beneficio de poseer dinero seguro del Estado recaiga sobre los bancos privados, y no sobre el público (si no es a través del dinero en efectivo). Ahora, esto puede y debe cambiar, en beneficio del público en general.
Sin embargo, hay que tomar más decisiones. ¿Deberían los clientes minoristas tener cuentas de MDBC en el Banco Central, evitando así a los bancos minoristas? ¿O debe existir una forma híbrida, donde las cuentas de MDBC de los clientes minoristas se mantengan en el Banco Central, pero sean administradas por entidades privadas? ¿O deberían ser las entidades privadas las que mantuvieran las cuentas de MDBC de los clientes minoristas, y los Bancos Centrales encargarse únicamente de gestionar la liquidación al por mayor, como sucede ahora?
Una opción relacionada se refiere a si las MDBC minoristas deberían estar basadas en cuentas o adoptar la forma de un monedero digital. La primera opción, por la que se inclina el BPI, significaría que las MDBC no serían un sustituto directo del dinero en efectivo. Otras cuestiones afectan a los sistemas de identificación. En este sentido, el BPI se inclina por un sistema basado en los medios digitales, no en el papel. Otros aspectos importantes son la protección de la intimidad, el papel de las redes de pago privadas y, en particular, la facilitación de los pagos internacionales.
En última instancia, el objetivo debería ser contar con sistemas de pago más rápidos, seguros y baratos, al acceso de todos. Es crucial que el monopolio natural del dinero y del bien público de un sistema de pagos no se transforme en monopolios privados de gigantes digitales. La estrecha relación del bien público con los intereses privados de los bancos ya ha sido bastante mala. Si lo mismo ocurriera a mayor escala, por ejemplo, con Facebook, sería aún peor.
Un gran interrogante es lo que la aparición de las MDBC puede significar para los bancos privados. Evidentemente, en una crisis, el dinero podría ir a parar a las MDBC desde otros activos líquidos, incluidos los depósitos bancarios convencionales. Sin embargo, también se puede argumentar que la posibilidad de poseer cuentas de MDBC completamente seguras podría ser positivo. En ese caso, se podría acabar con el riesgo moral creado por las garantías públicas ofrecidas a los bancos privados y así el sistema financiero se reconfiguraría sin él.
Las revoluciones tecnológicas abren nuevas posibilidades. Pero no determinan la arquitectura del sistema. Es esencial que los organismos públicos garanticen un sistema de pagos seguro y sólido al alcance de todos. Es necesario que regulen, o incluso eliminen, a los nuevos actores peligrosos. Es vital, sobre todo, que garanticen que la promesa de las nuevas tecnologías de pagos más rápidos y baratos apuntale un mejor sistema monetario, mejorando también la intermediación.
Hay que tomar decisiones. En el proceso, puede que desaparezcan viejos actores y surjan otros nuevos. Pero el requisito fundamental es el mismo de siempre, es decir, sistemas fiables en los que el público pueda depositar su confianza. Los Bancos Centrales desempeñarán un papel destacado para garantizarlo. Pueden hacerlo abrazando las posibilidades que abren las nuevas tecnologías, evitando al mismo tiempo el caos de la ley de la selva. El BPI ofrece un excelente resumen de los problemas. Ahora es el momento de avanzar.
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