Puerto Rico caerá en impago de una serie de sus obligaciones a inicios del nuevo año, a medida que el empobrecido territorio estadounidense se queda sin efectivo.
La isla, que lucha con una carga de deuda de US$ 72 mil millones, será incapaz de pagar parte de los US$ 1.000 millones en obligaciones que vencen el 1 de enero, reconoció ayer el gobernador Alejandro García Padilla.
Puerto Rico logró pagar US$ 328,7 millones que debía como parte de su obligación de deuda general, bonos municipales que están respaldados por la constitución del territorio y están entre su deuda de mayor prioridad.
Fue obligado a recuperar más de la mitad de esa suma de otras organizaciones gubernamentales, afirmó el gobernador.
Dos emisores de bonos -Ambac Assurance y Financial Guaranty Insurance Company- ya han criticado la acción, que afectó a fondos apartados para Puerto Rico Infrastructure Financing Authority.
La isla también pagó
US$ 15,4 millones en deuda emitida por Puerto Rico Sales Tax Financing Corporation, lo que se conoce como deuda Cofina, y US$ 9,9 millones que debía Government Development Bank (GDB), la autoridad financiera de facto.
El gobernador aseguró que a cambio no pagaría US$ 35,9 millones en deuda emitida por Infrastructure Financing Authority, además de
US$ 1,4 millón de bonos de Public Finance Corporation, que ya cayó en impago en agosto.
Melba Acosta Febo, presidente de GDB, dijo que la isla había escogido caer en default de sus obligaciones donde los documentos de bonos establecían que los ingresos asignados a las organizaciones podían ser recuperados.
El gobernador García Padilla emitió una orden en diciembre que permitía a Puerto Rico cambiar ingresos y fondos apartados por algunos emisores -organizaciones que no poseen ciertas garantías legales- para pagar a los tenedores de bonos con deuda de más alta prioridad, incluyendo a aquellos respaldados por la constitución.
Los inversionistas en Cofina y la obligación general de deuda han argumentado que están en la cima de la complicada estructura de capital, y deberían recibir sus pagos antes que los demás cuando la isla se quede sin reservas.
Un estudio de diciembre del Center for a New Economy, un grupo de investigación de la isla, coloca a la obligación de deuda general en la cima de la compleja pirámide, seguida por los emisores que tienen respaldo de “buena fe y crédito del gobierno”. El grupo colocó a la deuda de Cofina en tercer lugar.
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