Con al menos 2.295 fallecidos, más de 11.200 heridos y 12.841 damnificados, los terremotos del 24 de junio se han convertido en una de las mayores tragedias que ha enfrentado Venezuela en décadas. Mientras continúan las labores de rescate y comienza a dimensionarse una reconstrucción que podría extenderse por años, la catástrofe también está alterando el delicado equilibrio político sobre el que descansaba la transición iniciada tras la captura de Nicolás Maduro.
En las zonas más afectadas, sin embargo, la discusión política todavía queda en segundo plano frente a una sensación mucho más inmediata. "Las personas afectadas sintieron abandono por parte de la autoridad. Se sintieron solos", resume un analista venezolano de riesgo político que pidió reserva de su identidad. "No es que ni siquiera no me ayudaron a sacar a mi familiar... es que ni siquiera estaban aquí".
Las primeras horas posteriores al terremoto dejaron una imagen que se repite en los testimonios recogidos por Diario Financiero: vecinos removiendo escombros con sus propias manos, rescatistas voluntarios llegando antes que las autoridades y una ayuda internacional que comenzó a desplegarse mientras amplios sectores seguían esperando una respuesta coordinada del Estado. Para los analistas, esa percepción terminó profundizando la distancia entre el gobierno y una ciudadanía que ya observaba con cautela el proceso político abierto este año.
Benigno Alarcón, fundador y profesor del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Católica Andrés Bello, sostiene que la tragedia profundizó un deterioro previo de la legitimidad gubernamental. "Esta crisis, lejos de haber reparado aunque sea mínimamente la imagen del gobierno, ha contribuido más bien a dañarla mucho más", señala. A su juicio, la combinación entre una respuesta tardía, la falta de empatía y las dificultades para enfrentar la emergencia "termina debilitando mucho más" al Ejecutivo y agravando su relación con la ciudadanía.
En una línea similar, el historiador venezolano y profesor en el Pomona College de Claremont (EEUU), Miguel Tinker, sostiene que el terremoto "estremece no solamente el terreno, estremece todo el aparato político y social" del país. Si bien destaca la solidaridad espontánea entre los propios venezolanos durante las primeras horas de la emergencia, considera que la crisis también dejó al descubierto las fracturas y debilidades del Estado para responder a una catástrofe de esta magnitud.
Emergencia y proceso electoral
Sin embargo, ese desgaste interno no necesariamente se traducirá en una aceleración de la transición política. Por el contrario, varios coinciden en que la magnitud de la emergencia puede terminar otorgándole al gobierno de Delcy Rodríguez un margen adicional para retrasar la convocatoria a elecciones.
Para Daniel Lansberg-Rodríguez, analista de riesgo político y fundador de Aurora Macro, la catástrofe ofrece al Ejecutivo un argumento difícil de rebatir para postergar el calendario político. “Si Delcy Rodríguez busca un argumento de por qué no puedes tener elecciones, esto es un bomboncito en bandeja de plata”, afirma. El analista venezolano radicado en Boston sostiene que mientras persistan los problemas de electricidad, vivienda y reconstrucción para decenas de miles de damnificados, el gobierno contará con una justificación para priorizar la emergencia sobre las reformas políticas.
A su juicio, esa estrategia encuentra además un entorno internacional favorable. "Le compra tiempo", sostiene, al considerar que Washington parece dispuesto a privilegiar la estabilidad durante la crisis humanitaria antes que presionar por una rápida normalización institucional. "Eso estabiliza su apoyo externo a costo del apoyo interno", resume.
La idea de que la emergencia podría desplazar temporalmente el calendario político también aparece en el análisis de Alarcón. El académico de la UCAB recuerda que el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, afirmó recientemente que el plan de tres fases impulsado por Washington seguía adelante, aunque la prioridad inmediata era atender la emergencia.
A su juicio, ese retraso sería un error. "Ahora más que nunca el país necesita reinstitucionalización", afirma. El académico sostiene que la magnitud de la reconstrucción exigirá instituciones capaces de administrar recursos, coordinar a los organismos internacionales y ofrecer certezas tanto a los ciudadanos como a quienes financien la recuperación del país. "La tragedia no puede ser la justificación para postergar las tareas que eran ya importantes y urgentes", advierte.
En ese contexto, Alarcón también cuestiona la decisión de Estados Unidos de desaconsejar el regreso de María Corina Machado a Venezuela durante la emergencia. A su juicio, el liderazgo opositor podría contribuir a canalizar la ayuda y organizar a la sociedad civil en un momento en que las capacidades estatales han demostrado ser insuficientes. "Cuando tú no tienes instituciones en un país, la gobernabilidad de procesos como este depende en buena medida de la sociedad civil", sostiene.
El académico además descarta que impedir el regreso de Machado reduzca el riesgo de inestabilidad política. "Las protestas las va a haber con o sin ella", afirma, argumentando que el descontento responderá a las consecuencias de la propia tragedia: miles de desaparecidos, una reconstrucción que se extenderá durante años y una crisis humanitaria que apenas comienza a dimensionarse. "Las razones para que esto se convierta en una bomba de tiempo ya están colocadas ahí", concluye.
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