Los bancos, los casinos de juego y las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) fueron las actividades económicas que más reportaron operaciones sospechosas de lavado de activos y/o financiamiento del terrorismo a la Unidad de Análisis Financiero (UAF) en 2019.
Así consta en el informe estadístico del Servicio que señala que, de los 4.798 Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) recibidos el año pasado (disminución de 4,3% anual), 1.869 fueron emitidos por los bancos (39% del total), 886 por los casinos de juego (18,5%) y 448 por las AFP (9,3%).
Más atrás se ubicaron las corredoras de bolsas de valores con 336 reportes, las cajas de compensación con 206 casos y las emisoras u operadoras de tarjetas de crédito y plásticos de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar con 198 reportes.
Desde 2015 las instituciones públicas están obligadas a reportar a la UAF las operaciones sospechosas que detecten en el ejercicio de sus funciones, remitieron 102 reportes entre enero y diciembre de 2019. Así, en el período 2015-2019, sumaron 326 los ROS que estas entidades enviaron a la UAF.
Cabe recordar que la UAF está legalmente impedida de iniciar investigaciones de oficio; por tanto, para poder realizar inteligencia financiera, necesita que las personas naturales y jurídicas señaladas en el artículo 3° de la Ley N°19.913, e inscritas en el Portal de Entidades Reportantes del Servicio, le envíen los denominados Reportes ROS.
En 2019 la UAF detectó indicios en 511 ROS (+73,8% anual). De ellos, 196 corresponden a operaciones sospechosas informadas por los las emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión de fondos, o cualquier otro sistema similar, 173 por los bancos, 51 por los casinos de juego y 28 por las instituciones públicas.
La información fue enviada confidencial y oportunamente al Ministerio Público, a través de 82 Informes de Inteligencia Financiera (56 informes con indicios de delitos).
En 2019 la UAF realizó 142 fiscalizaciones en terreno, las que se concentraron en diez sectores económicos: 19 a administradoras de fondos de inversión, 17 a usuarios de zonas francas, 16 a empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria, 15 a notarios, 15 a corredores de propiedades, 14 a empresas de factoraje, 11 a casas de cambio, ocho a empresas de transferencia de dinero, seis a casinos de juego y 6 a administradoras generales de fondos.
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