La Comisión para el Mercado Financiero (CMF) informó esta mañana que a contar de hoy y hasta el 15 de julio de 2020, puso en consulta pública la normativa para la implementación de cargos de capital adicionales como resultado del proceso de supervisión de Basilea III.
La norma está basada en los principios del último Acuerdo del Comité de Basilea, publicado en diciembre de 2017, y la experiencia internacional disponible. Con esto además se da cumplimiento a lo dispuesto en la Ley General de Bancos, permitiendo incorporar al sistema bancario chileno las mejores prácticas internacionales.
Cabe recordar que en marzo la CMF anunció la extensión de los plazos de implementación de Basilea III en Chile -con el objetivo de dar mayor flexibilidad a los bancos para ayudar a sus clientes a enfrentar el impacto financiero del Covid19- informó que el denominado Pilar II entraría en vigencia de todas formas el cuarto trimestre de este año.
Esto, en consideración a que la nueva normativa amplia las facultades de la Comisión para establecer cargos adicionales de capital sobre entidades específicas, en caso de que así lo ameriten sus condiciones particulares bajo cualquier coyuntura económica.
Previo a la modificación de la LGB en 2019, si bien la legislación contenía el concepto de evaluación por gestión y solvencia, la Comisión no estaba facultada para exigir mayores requerimientos patrimoniales a las empresas bancarias que presentaran un nivel de capital o gestión insuficientes de acuerdo con su evaluación supervisora.
La nueva normativa corrige esta brecha, en virtud de las atribuciones que le otorga la LGB a la CMF. Para ello, se modificará el capítulo 1-13, sobre evaluación de gestión y solvencia, con algunos ajustes de consistencia y principios de gestión adicionales. Asimismo, se introducirá el nuevo capítulo 21-13, que distingue procesos como la autoevaluación de capital, en que los propios bancos determinarán su objetivo interno de patrimonio efectivo, necesario para cubrir sus riesgos en un horizonte de al menos tres años.
La evaluación de la CMF sobre la suficiencia de patrimonio efectivo de los bancos para respaldar su perfil de riesgo, según lo determinado en el proceso de revisión supervisora anual.
A diferencia de otras normas, donde es posible realizar un análisis cuantitativo del impacto de la regulación propuesta, en el Pilar II el componente de juicio experto -tanto de parte del directorio del banco como del supervisor- es inherente al proceso, lo que dificulta dicha estimación.
De esta manera, si las deficiencias encontradas durante el proceso de revisión supervisora son significativas, se requerirá al directorio un "plan de acción" para su corrección, que deberá ser acordado con la Comisión y que podrá contemplar, entre otras medidas: modificar el perfil de riesgo de la entidad; mejoras al gobierno corporativo, gestión y control de riesgos; y/o o una modificación del nivel de patrimonio efectivo hasta por un máximo de 4% de los Activos Ponderados por Riesgo, neto de provisiones exigidas. Esto último, con el voto favorable de al menos cuatro comisionados de la CMF.
La normativa tendrá vigencia inmediata a partir de su publicación, lo cual ocurrirá a más tardar el 1 de diciembre de 2020. En todo caso, la totalidad de las materias serán evaluadas a partir del ciclo supervisor que comienza en enero de 2023.
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