La batalla judicial entre las principales exchanges de criptomonedas del mercado local -Buda.com, CryptoMKT y OrionX- contra gran parte de la banca está por finalizar ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). La disputa que se inició en 2018 tuvo este miércoles su último cara a cara entre las partes, cuando se realizaron los alegatos de la causa ante los ministros del TDLC.
Las plataformas que comercializan cripto activos acusan que los bancos abusaron de su posición dominante en el acceso a cuentas bancarias al negarles la apertura, o bien, ordenando su cierre.
La abogada de CMS Carey, Carolina Veas, señaló en representación de Buda.com que los bancos actuaron de manera arbitraria para negar el acceso a cuentas bancarias acusando que hubo una falta de protocolo que justifique su respuesta.
Veas apuntó que incluso había una “dominancia colectiva” de la entidades financieras contras estas plataformas, lo cual estaría demostrado en base a las actas de la Asociación de Bancos que “dan cuenta de estrategias comunes a largo plazo, y en que consideración a las fintech que entendían eran miradas como sustitutos”.
El abogado de Aninat Abogados, Cristián Reyes, señaló en representación de CryptoMKT que hubo “una situación de mala fe” por parte de los bancos al negar el acceso a cuentas bancarias y puso de ejemplo el acuerdo que se alcanzó con Bci para poder establecer un protocolo para proceder a la apertura.
Reyes indicó que no hubo voluntad por parte del resto de la industria en poder terminar el conflicto a pesar que el Tribunal dio dos oportunidades para llegar a un acuerdo y que se resistieron debido al juicio.
Reyes recordó que la actual Ley Fintech tuvo que abordar el conflicto que existe mediante la definición sobre cuáles son las condiciones de acceso a cuentas bancarias.
Los dichos de la banca
El abogado de Claro, Cristóbal Eyzaguirre, expuso en representación de Itaú que las fintech tienen “permanentemente este afán de levantar un manto de duda sobre si hubo o no un grado de coordinación” en relación a la eventual conducta de coordinación para el cierre de cuentas bancarias.
Eyzaguirre dijo que los ilícitos que imputan las plataformas a los bancos “no tienen pies ni cabeza. Son infundados y violentan la institucionalidad de libre competencia”.
El abogado de PPU, Ignacio Larraín, aseguró en representación de Banco Santander que durante el juicio “se hicieron intentos infructuosos” en demostrar que hubo un actuar coordinado entre las entidades financieras. Esto, pues argumentó que las decisiones de cada compañía en rechazar el acceso a las cuentas se realizó durante un largo período de tiempo.
Larraín afirmó que las tres exchanges antes de presentar las demandas contra la banca, ninguna contaba con modelos ni protocolos de prevención de delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
Esta posición fue reforzada por el abogado de González & Rioseco, Andrés Rioseco, quien en representación de Scotiabank indicó que solicitaron políticas de prevención de lavado de activos similares a las casas de cambio, pero los antecedentes jamás fueron presentados por parte de las exchanges.
Mientras que la abogada de Prieto, Andrea Von Chrismar, dijo en representación de Banco Internacional que las fintech trataron de “abultar” la causa al sumar varios bancos demandados y entre ellos “arrastraron” a la compañía ligada a la Cámara Chilena de la Construcción.
El abogado de Gana & Gálvez Abogados, Rubén Urrutia, recordó en representación de BancoEstado que la Corte Suprema rechazó un recurso de protección interpuesto por Orionx que abordó la misma situación y que decidió que “además de no ser ilegal, tampoco es arbitraria”.
Dentro de las aristas, el abogado de Jordan Barahona, Benjamín Jordan, dijo en representación de Banco de Chile que las entidades financieras han justificado que existe “un riesgo reputacional” al negar el acceso a las cuentas debido a los peligros que existen en la prevención de lavados activos.
El abogado de Pellegrini & Rencoret, Diego Ramos, apuntó en representación de Banco Security que la compañía no tiene nada en contra de las plataformas, sino la intermediación de criptomonedas “es un giro que decidió no atender, por lo menos por ahora, ya que naturalmente se tratan de políticas comerciales que están en constante evaluación”. Complementó que no es una decisión antojadiza, ya que implica “importantes costos en debida diligencia”.
La también abogada de Pellegrini & Rencoret, María Jesús Cifuentes, pero en representación de BICE, hizo ver que el banco fue arrastrado a esta demanda y que el problema que existe detrás de la causa es una situación regulatoria.
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