Una de las iniciativas más recientes proviene de una mesa de trabajo que reúne a emisores de valores de oferta pública -principalmente sociedades anónimas abiertas que emiten acciones y títulos de deuda- y que, según fuentes del proceso, congregó a más de 30 representantes de corredoras de bolsa, inversionistas institucionales y asesores financieros.
Debido a que los emisores de valores no cuentan con un gremio que los represente, fue el socio de Carey, Salvador Valdés, quien asumió el rol de articular y coordinar la instancia. Según pudo corroborar DF, el viernes 17 de julio el grupo entregó al Ministerio de Hacienda un documento con 30 propuestas destinadas a potenciar el mercado de capitales. Las medidas consideran modificaciones legales, actualizaciones normativas y cambios en la gestión de organismos públicos y privados, con el objetivo de otorgar mayor profundidad al mercado local.
El diagnóstico que sustenta la iniciativa es claro. Las administradoras de fondos de pensiones (AFP) han reducido su inversión en acciones locales hasta representar actualmente cerca del 9,8% del total de los activos administrados.
Además, desde 2020 no se registran aperturas bursátiles, siendo Cencosud Shopping la última compañía en salir a bolsa. A ello se suma una creciente migración del capital hacia mercados privados y al extranjero.
Según el documento, este escenario responde a una carga regulatoria y normativa que ha ido restando dinamismo al mercado. Por ello, las 30 propuestas combinan modificaciones legales, actualizaciones regulatorias y mejoras en la gestión de actores públicos y privados.
Salvador Valdés, socio del estudio de abogados, Carey.
Mercado de entrada
El primer bloque agrupa las propuestas más ambiciosas del documento y apunta a revertir la ausencia de nuevas aperturas bursátiles.
Para ello, plantearon crear un “mercado de entrada” para empresas medianas -definidas según el valor de sus activos e ingresos por ventas-, con una carga regulatoria más liviana que la del mercado principal y procesos de inscripción más ágiles.
La idea es que las compañías puedan registrarse mediante un formulario simplificado ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), sin la obligación de presentar un prospecto tradicional ni revelar información estratégica, para luego migrar al mercado principal una vez que alcancen determinados umbrales.
Como contrapeso a esta flexibilización regulatoria, el documento establece la incorporación de la figura de un “patrocinador”, esto es, un asesor privado encargado de acompañar a la empresa en su ingreso al mercado y velar por la calidad de la información entregada a los inversionistas, resguardando la confianza de estos.
El paquete también contempla incentivos tributarios para las empresas que realicen una apertura bursátil por primera vez, ajustando los límites de inversión y los criterios para que las AFP y las compañías de seguros puedan invertir en este mercado; simplificar los procesos de emisión de deuda, acortar los plazos para las colocaciones de acciones y otorgar mayor flexibilidad para estructurar distintas series accionarias, entre otras.
Asimismo, los emisores propusieron modificar el artículo 107 de la Ley sobre Impuesto a la Renta para reemplazar el criterio de “presencia bursátil” por un requisito de free float mínimo de 10% en manos de accionistas no controladores ni relacionados.
Plantearon crear un “mercado de entrada” para empresas medianas -definidas según el valor de sus activos e ingresos por ventas-, con una carga regulatoria más liviana que la del mercado principal y procesos de inscripción más ágiles.
Sostenibilidad
El segundo eje se concentra en las sociedades que ya forman parte del mercado público y pretende aliviar las obligaciones de información continua, especialmente en materia de sostenibilidad y cambio climático.
Según el documento, la implementación de los estándares internacionales, NIIF S1 y NIIF S2, por parte del regulador, elevó significativamente los costos de cumplimiento para las empresas, imponiendo exigencias similares a compañías de tamaños muy distintos.
Frente a ello, los emisores proponen postergar su aplicación obligatoria hasta que la CMF establezca criterios proporcionales, según el tamaño de las empresas.
El documento también propone reducir la frecuencia de entrega de estados financieros para determinados emisores, pasando de reportes trimestrales a semestrales; eliminar obligaciones de información duplicadas; flexibilizar los requerimientos para sociedades cuyo controlador posea más del 90% de la propiedad; y permitir ejercicios tributarios acordes con el ciclo de determinadas industrias.
Deslistarse
El tercer bloque busca facilitar el deslistamiento o salida de sociedades anónimas abiertas del mercado bursátil, ya que, según los emisores, la dificultad para abandonar el mercado público también constituye un desincentivo para ingresar a él.
Con ese objetivo, plantearon mecanismos para simplificar estos procesos cuando exista una alta concentración accionaria e incorporar figuras como el squeeze-out (exclusión forzosa de accionistas). Esto permitiría que un controlador que alcance entre el 90% y el 95% de la propiedad -por cualquier mecanismo y no solo mediante una OPA- pueda adquirir forzosamente las acciones restantes.
Como resguardo para los accionistas minoritarios, el precio no podrá ser inferior al valor de mercado cuando exista presencia bursátil o, en su defecto, deberá ser fijado por un tercero independiente. Además, si la compañía se vende dentro de los 12 meses siguientes, quienes fueron obligados a enajenar deberán ser compensados por el mayor valor obtenido.
Minoritarios
El cuarto eje propone reforzar la protección de los accionistas minoritarios en operaciones con partes relacionadas, exigiendo que las transacciones más relevantes no solo sean aprobadas por la mayoría de los accionistas, sino también por un porcentaje de los minoritarios. Asimismo, que estos puedan solicitar un segundo informe elaborado por un evaluador independiente.
En materia penal, el documento propone limitar el uso de medidas cautelares privativas de libertad contra directores y ejecutivos investigados por delitos económicos cuando no exista un beneficio económico directo para ellos.
El quinto bloque busca fortalecer los mecanismos de resolución de controversias societarias mediante una mediación obligatoria previa y un mayor uso del arbitraje especializado, para que los conflictos entre accionistas y administradores dejen de recaer en el regulador.
Más liquidez
El último bloque reúne iniciativas orientadas a fortalecer la infraestructura y la liquidez del mercado. Entre ellas destacan medidas para potenciar los market makers, como permitir la venta corta en renta fija y evaluar reducciones de tarifas y comisiones bursátiles, entre otras.
Asimismo, se propone avanzar hacia una interconexión tecnológica completa entre las bolsas locales y desarrollar un sistema centralizado de préstamo de valores.
El documento también plantea facilitar el acceso de emisores extranjeros al mercado chileno mediante la agilización de la obtención del RUT para inversionistas extranjeros.
Otros puntos incluyen eliminar el IVA a las comisiones de administración de fondos mutuos locales y fomentar el ahorro previsional voluntario (APV), flexibilizando sus retiros, incluso para financiar la compra de una primera vivienda.
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Sofía Fuentes
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