POr i. rojas/R. García
Han pasado dos semanas desde que la Superintendencia Financiera de Colombia intervino a Interbolsa, la mayor corredora de ese mercado.
El diagnóstico en un primer momento fue sencillo y tranquilizador. La firma había excedido los niveles de riesgo recomendable en operaciones de retrocompra (Repo), especialmente porque la operación se realizó sobre títulos de una empresa particularmente poco líquidos.
A los pocos días, el presidente Juan Manuel Santos puso paños fríos al caso señalando que se trataba de una situación aislada, y que los clientes recuperarían sus ahorros. Y en Chile, las corredoras como Celfin y LarrinVial, que han incursionado en el mercado colombiano, informaron que no mantenían cuentas por cobrar con la comisionista.
Pero, desde entonces la crisis ha seguido escalando. A medida que avanzaba la investigación, se reveló que al menos otras tres corredoras locales tenían altos niveles de apalancamiento en operaciones de Repo. Por otra parte, la regulación no exige a las intermediarias informar la liquidez de las acciones sobre las cuales se ejecutaban estas operaciones, abriendo una gran interrogante.
Pero, en los últimos días, el caso dio un vuelco. Ya no se trataba sólo de una gestora que había realizado una operación imprudente. Los reguladores están desentrañando una hebra judicial compleja. Los ejecutivos de Interbolsa ahora están siendo investigados por cuatro violaciones a la norma, y la indagatoria podría llegar incluso hasta un ex ministro de Hacienda.
Y el viernes, el regulador ordenó la reestructuración de la matriz del grupo, afectando sus negocios en todo el mundo.
A medida que el caso avanza, la incertidumbre se apoderan del mercado. Y la plaza, que hasta hace unos meses parecía el destino ideal de los capitales internacionales está viendo problemas de liquidez. El caso es un llamado de atención para los inversionistas chilenos que piensan expandirse en el país.
Impacto en el mercado
Interbolsa ha generado una ola de incertidumbre en el mercado colombiano. Aunque la plaza sigue gozando de abundante liquidez, las operaciones de renta variable se han frenado abruptamente por temor a que la crisis pueda seguir escalando. En su primer día de transacciones, la acción de la unidad sudamericana de la cementera mexicana Cemex cayó más 2% el viernes en Colombia.
Lo mismo ha ocurrido en el mercado de renta fija. La semana pasada, la situación de Interbolsa complicó una colocación de bonos del gobierno, que antes de las revelaciones era uno de los favoritos de los fondos extranjeros. La Tesorería colocó el jueves títulos por US$ 2.200 millones, pero para completar la subasta tuvo que aceptar tasas 50 puntos base por sobre los papeles del gobierno que ya están en el mercado.
Para el director de investigaciones de la corredora Alianza Valores, Felipe Campos, la caída en el apetito por riesgo refleja el impacto del caso en la confianza. “Estamos sintiendo la dificultad de apalancarnos o hemos tenido que asumir costos que están siendo muy altos”, señaló.
Judicialización del caso
El fiscal general colombiano, Eduardo Montealegre, inició una investigación penal por cuatro infracciones a la regulación contra la comisionista.
La justicia investiga si se incumplió el deber de asesoría, al no dar información completa a los inversionistas o al actuar sin su consentimiento; posibles conflictos de interés de Interbolsa, manipulación del precio de las acciones y el intento de comprar una emisora de valores sin una oferta pública de adquisición.
Por su parte, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, investiga a la firma por indicios de que se estaban prestando y ofreciendo productos para evadir impuestos.
Así, el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ordenó indagatorias para descubrir cómo salieron los recursos a través de la sociedad a otras en Bahamas o en Curaçao.
Con todos los antecedentes, los ojos de la Fiscalía estarán centrados en los socios, funcionarios de la comisionista, miembros de la junta directiva, el representante legal, y cualquier persona que haya firmado o aprobado negociaciones que resulten ilegales. La indagatoria podría llegar incluso al ex ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, quien fue miembro de la junta hasta julio de 2010.
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