El aumento de los autofraudes no solo causa preocupación a la banca y el retail financiero, donde las estimaciones de estos sectores proyectan pérdidas por hasta US$ 350 millones por este concepto.
También, existe una creciente inquietud de parte de las empresas fintech que emiten tarjetas de crédito y prepago.
La argentina Mercado Pago reportó que durante el segundo semestre de 2023 tuvo 511 clientes que denunciaron fraudes a través de la Ley N°21.234 (que limita la responsabilidad del usuario de medios de pago y transacciones electrónicas ante el caso de extravío, hurto, robo o fraude) por un poco más de $ 73,9 millones.
Se trata de un número relevante si se considera que, durante el mismo período, pero en 2022, la fintech trasandina sólo registró 26 casos por $ 3,1 millones.
Otro de los actores relevantes de este negocio es Tenpo de Credicorp, que informó que 164 clientes con tarjetas de crédito reportaron fraudes por $ 33 millones y 9.197 usuarios con tarjetas de prepago denunciaron defraudaciones por $ 351 millones.
Lo anterior, supone también un incremento de los autofraudes. En ese sentido, Tenpo estimó que la legislación debe ser modificada, “ya que su objetivo es la protección del consumidor, pero los exuberantes costos propiciados por actos delictivos de autofraude van justo en la dirección opuesta”.
Se acaban los incentivos
FinteChile, gremio que agrupa a la industria financiera tecnológica del país, mostró su preocupación el alza de fraudes, ya que es un fenómeno que está afectando transversalmente a todos los emisores de tarjetas. “Necesita ser modificada (la ley) de forma urgente”, declaró la asociación presidida por el CEO de Tapp, José Gabriel Carrasco.
FinteChile advirtió que el alza de los auto fraudes en los últimos cuatro años está afectando los avances en inclusión financiera que han venido logrando en el sistema.
“Si no se controla el autofraude en el corto plazo, será cuestión de tiempo para que empiecen a desaparecer los incentivos para emitir tarjetas débito, crédito y prepago”, aseguró el gremio.
Críticas al proyecto
En 2023, el Ministerio de Hacienda envió un proyecto de ley que realiza una serie de modificaciones a la Ley de Fraudes a objeto de mitigar los problemas que está enfrentando el sector financiero por los autofraudes, en especial, BancoEstado. Actualmente, la iniciativa se discute en el Senado.
Si bien FinteChile valoró el espíritu de los cambios impulsados por el Gobierno, criticó algunas de las propuestas.
Uno de los puntos cuestionados por el gremio es el umbral de devolución de dinero que deben efectuar los emisores de tarjetas a sus clientes respecto de los recursos defraudados y que dicho monto sea fijado por los ministerios de Hacienda y Economía.
Para FinteChile, esto “podría incurrir en el riesgo de que la determinación de dicho umbral se haga bajo motivaciones que no sean estrictamente económicas, financieras o de protección a los usuarios del sistema financiero”.
Otra de las sugerencias sobre este tema es que los montos del umbral a devolver a los afectados sean diferenciados por el tipo de tarjeta.
“Así, un umbral fijado de forma generalizada y no especializada, no se ajustaría a la realidad de los emisores de prepago ni a la de otros emisores de menor tamaño”, sostuvo FinteChile.
El gremio reprochó que la iniciativa del Gobierno “implica un costo muy alto a pagar por los emisores de prepago y es una gran barrera de entrada para quienes desean ingresar al sistema financiero”.
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