La ciberseguridad se ha tomado la agenda en los últimos meses, específicamente la del sector financiero. Primero fuimos testigos del robo por parte de hackers de US$ 10 millones al Banco de Chile, luego de una serie de filtraciones de los datos de usuarios de tarjetahabientes y sólo hace una semana se conoció un ataque a Banco Consorcio por cerca de US$ 2 millones.
El tema tampoco fue indiferente para el Banco Central, el cual en el Informe de Estabilidad Financiera (IEF) correspondiente al segundo semestre 2018 publicado ayer, dedica un capitulo completo a este tema.
En el texto, el ente rector advierte que “es fundamental que las entidades financieras del sector privado revisen de manera permanente si los riesgos de ciberseguridad a los que están expuestos están bien administrados”.
En ese sentido, indica que estas entidades “no sólo son responsables frente a sus clientes por los compromisos que adquirieron con ellos, sino que además forman parte de un sistema altamente interconectado. Por lo demás, está en su propio interés resguardar adecuadamente sus recursos e información, puesto que la materialización de estos riesgos tiene costos patrimoniales y reputacionales que pueden ser elevados”.
El BC también delinea cuáles son los desafíos que tiene Chile en esta materia. Uno de ellos es revisar, con miras a perfeccionar, el marco regulatorio y de supervisión en materia de gestión de riesgo operacional y ciberseguridad. Lo anterior puede incluir la incorporación de un mayor grado de detalle en las normas, de manera de disminuir discrecionalidad en implementación de medidas; graduación de requisitos de acuerdo a estándares y mejores prácticas internacionales; y la consideración de riesgos transversales e impactos en otras instituciones.
Por otro lado, sostiene que se debe mejorar el seguimiento y monitoreo de los riesgos de ciberseguridad. Lo anterior implica el análisis de nuevas métricas que permitan una correcta identificación y ponderación de estos riesgos. Asimismo, se debe evaluar si las capacidades de supervisión de estas materias son las adecuadas, o bien deberían ser perfeccionadas o creadas.
Según explicó posteriormente Mario Marcel, presidente del BC a la prensa, “las externalidades que se derivan de estos riesgos en una institución son importantes”.
Y agregó que “eso hace que el tema de la regulación sea particularmente relevante, porque en el fondo los costos para el sistema son mayores que aquellos para una institución individual”.
Los ciberataques y la estabilidad financiera
Asimismo, el informe detalla que existen al menos cinco casos donde la materialización de riesgos de ciberseguridad puede amenazar la estabilidad financiera. Primero, los ciberataques pueden causar disrupciones en los servicios financieros de las instituciones afectadas, ya sea bancos o infraestructuras financieras.
Debido a las interconexiones entre estas entidades, las disrupciones eventualmente se podrían propagar al resto del sistema financiero. Segundo, los ciberataques pueden interrumpir el normal flujo de pagos, afectando a las demás instituciones, incluidas las infraestructuras del mercado financiero, a través del sistema de pagos de alto valor (SPAV).
Tercero, un ciberataque puede generar pérdidas de información crítica para el sistema financiero, incluyendo información sensible de los clientes.
Cuarto, pueden debilitar la situación patrimonial de una institución financiera como consecuencia de un robo de sus recursos.
Quinto, un ciberataque puede mermar la confianza de los agentes en la seguridad del sistema financiero.
Deterioro de economías de la región tiene impacto reducido
En línea con los informes pasados, el Banco Central indicó que entre las amenazas para la estabilidad financiera chilena, "siguen destacando aquellas vinculadas a un ajuste abrupto de las condiciones de financiamiento externas".
Puso el foco en la normalización monetaria de las economías avanzadas, destacando EEUU, donde el alza de tasas podría ser más rápida de lo esperado. También subraya los efectos de la Guerra Comercial, que ha afectado el precio del cobre y provocado la salida de activos desde economías emergentes.
Respecto de los mercados de la región que se han visto complicados, como Argentina y Brasil, dice que la deuda de las empresas chilenas alojadas en el país relacionada a las operaciones en esos mercados equivale a menos del 3% del PIB. Y de ese total, la deuda bancaria es sólo el equivalente al 1% del producto. "Entonces, el potencial impacto de empeoramiento de las filiales en otras economías latinoamericanas sobre el sistema bancario es bastante reducido", dijo Marcel en su presentación ante los senadores.
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