El ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, dio el miércoles en la tarde los lineamientos de las indicaciones que se quieren introducir al proyecto de Comisión de Valores, y que incluye la creación de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), entidad colegiada, que entre otras cosas, servirá para revisar las sanciones que dictamine el superintendente previa investigación.
Con los primeros anuncios por parte del gobierno, abogados especialistas en mercado de capitales dieron su pronóstico sobre la CMF, especialmente sobre la idea de que la instancia sea otra vía administrativa para apelar a una sanción.
Para el abogado Luis Cordero (socio de Ferrada & Nehme), con este nuevo modelo, la probabilidad de llevar a la justicia una sentencia del regulador se hace más baja ¿La razón? A su juicio se pasa a tener un revisor que tiene el carácter de experto, y al tener esa característica las contingencias judiciales se reducen sustancialmente.
“En general lo que tiende a suceder cuando hay una revisión de expertos es que los mercados se adaptan a que esas son las decisiones habitualmente correctas”, indicó.
Misma impresión tiene el abogado Esteban García Nadal (Socio de García Magliona), quien comentó que el hecho que las sanciones sean revisadas por la Comisión, otorgará mayor seguridad respecto al sustento de su aplicación y, “en dicho sentido, resultará mucho más difícil que éstas puedan ser revocadas o dejadas sin efecto por parte de la judicatura, como ha ocurrido en casos anteriores”.
No será tan positivo
Pero no todas las visiones son iguales. Para José Miguel Ried (Estudio Ried Fabres), si bien la idea del gobierno es fortalecer el sistema de sanciones, la verdadera protección vendría en potenciar los tribunales de justicia, que a su parecer han estado al debe en este aspecto. Además, considera que apelar administrativamente en la misma instancia es alargar el proceso y que este nuevo órgano traerá una duplicidad de funciones con la Superintendencia.
“Estamos alargando los procesos, lo mismo pasa con las medidas intrusivas. Hay un fiscal más tres autorizaciones (superintendente, comisión y tribunales), entonces cuando tienes que ser rápido puedes llegar semanas tarde por las aprobaciones, este procedimiento duplica más que simplifica que es lo que sugiere los estándares internacionales”, sostuvo.
Otro de los que opinió al respecto fue Gabriel Zaliasnik (socio del estudio Albagli Zaliasnik) quien indicó que el privar de la posibilidad de que sean los tribunales ordinarios de justicia, “en un juicio de lato conocimiento, donde existen amplias posibilidades de controvertir los fundamentos de las sanciones aplicadas por la autoridad, reduce al máximo la posibilidad de control jurisdiccional de la actividad sancionatoria de la autoridad en materia de valores”.
El profesional añadió que teniendo en cuenta que la investigación de eventuales infracciones seguirá radicada dentro de un funcionario de la Comisión, independiente de que sea distinto del Consejo que será definitiva el que impondrá la eventual sanción, “en nada garantiza la debida independencia e imparcialidad que tanto uno u otro órgano tendrán a la hora de sancionar a los particulares”.
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