Una serie de críticas ha recibido el proyecto de ajustes al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), que quedó comprometido con la reforma de pensiones y que este miércoles retomará su tramitación en la comisión de Trabajo del Senado.
El centro de estudios también advirtió que el proyecto introduce disposiciones transitorias que afectan la regulación de los contratos vigentes del SIS, lo que podría ser inconstitucional.
La ley de reforma de pensiones mandató el traspaso total del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) al Seguro Social y su administración integral por el Instituto de Previsión Social (IPS) desde agosto de 2026. Pero, distintos actores han advertido que, tal como se ingresó la iniciativa, no asegura el traspaso pleno.
De acuerdo con un informe de Libertad y Desarrollo (LyD), “el proyecto de ley mantiene en las AFP funciones clave como la gestión de beneficios y pagos, generando fragmentación, burocracia y mayores costos, lo que incumple el mandato legal y afecta la eficiencia y derechos de los afiliados”.
Según el centro de estudios, el proyecto, en lugar de concentrar la gestión en el IPS, mantiene en las AFP una serie de funciones que debieron ser traspasadas, como el otorgamiento y administración de beneficios, la determinación de la cobertura, el cálculo de las prestaciones y el pago de las pensiones derivadas del SIS.
Además, la industria mantiene la administración de las comisiones médicas. Esto “perpetúa la intervención de las AFP en funciones que se esperaba (de acuerdo con la reforma), debían asumir órganos estatales”.
A juicio de LyD, la consecuencia de este diseño traería fragmentación institucional y mayor complejidad de cara a los beneficiarios, “quienes deberán transitar entre el IPS y las AFP para el reconocimiento y pago de sus beneficios”.
Además, el centro de estudios estimó que la situación contraviene el principio de “ventanilla única” que inspira la modificación del SIS.
Asimismo, alertó que introduce disposiciones transitorias que afectan la regulación de los contratos vigentes del SIS, lo que podría ser inconstitucional.
Funciones
El back office (cobro, recaudación, registro, etc), además de análisis de cobertura; otorgamiento y cálculo de los beneficios; y pago son funciones que según la ley debían ser traspasadas al IPS o al FAPP, lo que no ocurriría con la iniciativa que se está discutiendo en el Congreso.
Para la investigadora de LyD, Ingrid Jones, el proyecto “pone en riesgo la sostenibilidad financiera del seguro social y del FAPP”. Esto, porque la iniciativa “no es consistente con lo mandatado en la reforma de pensiones: el traspaso al seguro social no es pleno, al contrario, aumenta la burocracia y la complejidad en la atención de afiliados; tampoco aborda mejoras en su funcionamiento ni normas que aseguren su sostenibilidad”.
La economista catalogó lo anterior como “muy preocupante, pues el incremento de la siniestralidad, que se traduce en aumentos de la prima del seguro, es una amenaza no solo para el Seguro Social, sino que también para el FAPP”.
Sobre los cambios que, a su juicio debieran impulsarse, Jones planteó que se debieran “incorporar mejoras que permitan terminar con abusos del sistema” y manifestó que “homologar el SIS al modelo del seguro de accidentes del trabajo y que las pensiones se paguen hasta la edad de jubilación, son propuestas que deben ser consideradas”.
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