Una serie de críticas ha generado el proyecto de ajustes al Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS), que quedó comprometido con la reforma de pensiones y que este miércoles retomará su tramitación en la comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado.
La ley N° 21.735 -que se originó con la reforma de pensiones- mandató el traspaso total del Seguro de Invalidez y Sobrevivencia (SIS) al Seguro Social y su administración integral por el Instituto de Previsión Social (IPS) desde agosto de 2026. Sin embargo, distintos actores han advertido que tal como se ingresó la iniciativa por parte del Gobierno, ésta no asegura ese traspaso pleno.
En ese contexto, un informe de Libertad y Desarrollo (LyD), afirmó que “el proyecto de ley mantiene en las AFP funciones clave como la gestión de beneficios y pagos, generando fragmentación, burocracia y mayores costos, lo que incumple el mandato legal y afecta la eficiencia y derechos de los afiliados”.
Así, estimó que la complejidad y burocracia en la atención a afiliados aumentará, mientras las AFP mantienen funciones tras el traspaso del SIS al seguro social estatal, además de incorporar disposiciones que generan riesgos legales.
Según el estudio, el proyecto de ley ingresado por el Ejecutivo en junio, en lugar de concentrar la gestión en el IPS, mantiene en las AFP una serie de funciones que debieron ser traspasadas, como el otorgamiento y administración de beneficios, la fereminación de la cobertura, el cálculo de las prestaciones y el pago de las pensiones derivadas del SIS.
Además, las AFP mantiene la administración de las comisiones médicas. Esto se traduce en que “perpetúa la intervención de las AFP en funciones que se esperaba (de acuerdo a la reforma), debían asumir órganos estatales”.
A juicio de LyD, la consecuencia inmediata de este diseño será la fragmentación institucional y mayor complejidad de cara a los beneficiarios, “quienes deberán transitar entre el IPS y las AFP para el reconocimiento y pago de sus beneficios”.
En particular, el centro de estudios estimó que la situación contraviene el principio de “ventanilla única” que inspira la modificación del SIS.
Asimismo, alertó que el proyecto introduce disposiciones transitorias que afectan la regulación de los contratos vigentes del SIS, lo que podría ser inconstitucional.
Funciones
En específico, las funciones que según la ley debían ser traspasadas al IPS o al Fondo Autónomo de Protección Previsional y que con la iniciativa que está en el Congreso siguen siendo responsabilidad de las AFP son el back office del seguro (vale decir, el cobro, recaudación, registro, etc); el análisis de cobertura; el otorgamiento y cálculo de los beneficios del SIS y el pago de los beneficios del Seguro.
Para la investigadora de LyD, Ingrid Jones, el proyecto “pone en riesgo la sostenibilidad financiera del seguro social y del FAPP”. Esto, porque si bien el Gobierno cumple con el envío del proyecto de ley del SIS, “su contenido no es consistente con lo mandatado en la reforma de pensiones: el traspaso al seguro social no es pleno, al contrario, aumenta la burocracia y la complejidad en la atención de afiliados; tampoco aborda mejoras en su funcionamiento ni normas que aseguren su sostenibilidad, lo que muy preocupante pues el aumento de la siniestralidad, que se traduce en aumentos de la prima del seguro, es una amenaza no solo para el seguro social sino que también para el FAPP”
En ese contexto, la economista añadió que la tasa de cotización que usó el gobierno en la tramitación de la reforma fue de 1,5% promedio y hoy el indicador ya se ubica en 1,88%.
“Por lo tanto, se debe legislar sin apuros y esto es posible porque la reforma de pensiones estableció un mecanismo transitorio de transferencias entre FAPP, AFP y aseguradoras que garantiza el funcionamiento del SIS”.
Sobre los cambios que a su juicio debieran impulsarse, Jones planteó que se debieran "incorporar mejoras que permitan terminar con abusos del sistema”. Al igual que otros expertos, la economista manifestó que “homologar el SIS al modelo del seguro de accidentes del trabajo y que las pensiones se paguen hasta la edad de jubilación, son propuestas que deben ser consideradas”.
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