La última presentación del economista Salvador Valdés en el Congreso, en el marco del debate de la reforma de pensiones, fue comentario obligado en el mundo previsional.
Ante la comisión de Trabajo del Senado, el senior fellow de la Escuela de Negocios de la UAI presentó su propuesta de licitación del stock de afiliados, una de las ideas que estaría captando adeptos en diversos sectores políticos.
En entrevista con DF, Valdés aseguró que “en esto estamos llegando tarde, hay muchos países que han hecho mucho” en este ámbito.
De hecho, el economista recordó que “en 2001, la Comisión para el reforzamiento de la Seguridad Social, creada por el Presidente G.W. Bush, propuso una subasta para Estados Unidos”.
“La manera de licitar que propuso el Gobierno (en el proyecto de reforma de pensiones) genera baja competencia y altas comisiones”.
- ¿Qué beneficios trae la licitación del stock?
- El beneficio es que el Estado empiece a cumplir el deber moral que asumió cuando obligó a millones de chilenos a comprar servicios a las AFP: el deber de acompañar un marco de competencia que entregue a los prestadores utilidades estándar para el país y logre costos bajos.
Sin embargo, una licitación de stock puede ser hecha de muchas maneras. Mi propuesta alcanzaría ese beneficio, pero otras no. La manera propuesta por el Gobierno en su indicación de diciembre de 2023 no logra este beneficio.
- La idea ha generado una serie de críticas, como que invadiría la libertad de elección o que no es un commodity. ¿Cómo las aborda?
- Es falso que las propuestas invadan la libertad de elección, porque todos los afiliados antiguos se cambiarían de AFP cuando quisieran, igual que ahora. Por el contrario, los antiguos tendrían una opción adicional nueva; quedarse en el prestador que les recomiende la licitación.
Pocos afiliados se cambian de AFP en respuesta a diferencias de comisión o de otros atributos. Esta es una “elasticidad”, que no debe confundirse con los traspasos o “churn”. Para explicar la baja elasticidad observada, algunos aducen que “la AFP no debe verse como un commodity”, o sea, aducen que la gran mayoría de los afiliados amaría muchísimo a su actual AFP y no a las otras. La evidencia respecto a la mala reputación comercial de todas las AFP, confirmada por la encuesta de Reputación de Marcas elaborada por Cadem, descarta esa teoría.
- Los detractores de la idea plantean que con el 30% que establece el proyecto habría un excesivo control del Estado. ¿Concuerda?
- Es una preocupación válida. Puede ser abordada de dos maneras. La primera, es con regulaciones estrictas. Por ejemplo, que la ley exija que, en cada fecha de licitación, se subasten simultáneamente al menos dos grupos distintos de afiliados, unida a prohibir que un postor pueda adjudicarse el servicio a más de la mitad de los grupos licitados en una misma fecha.
La segunda, es no crear nunca una AFP estatal. La manera de licitar que propuso el Gobierno en diciembre de 2023 no aplica ninguna de estas soluciones. Por eso, esa manera de licitar debería ser rechazada.
Las AFP no son “dueñas” de sus afiliados
- Las AFP han advertido que la licitación podría ser una “expropiación” de afiliados. ¿Cómo resguardar que no reclamen, por ejemplo, ante el Ciadi?
- Las AFP no son “dueñas” de sus afiliados; ellos tienen libertad de elección. Los Estados cambian leyes en forma habitual, creando ganadores y perdedores en cada actividad que tocan. Los perdedores no merecen indemnización a menos que el cambio sea inconsulto y que opere bruscamente en poco tiempo.
En la propuesta del Gobierno (diciembre de 2023), la separación de la industria debe completarse antes de tres años, y al ser brusca alienta demandas de indemnización. Aún así, una indemnización es incierta y difícil de conseguir. Por ejemplo, las AFP mexicanas (Afores) fueron forzadas a reducir sus tasas de comisión en 40% en solo dos años (2020 y 2021) no han reclamado ante el Ciadi o equivalente.
En el otro extremo, una introducción gradual en 10 años de una licitación rotativa de afiliados antiguos, que se discute en cinco comisiones del Congreso y en ambas salas, no ameritará indemnización según el informe en derecho de (el exministro) Mario Fernández.
- ¿Le hace sentido una licitación con reorganización de la industria como propone el proyecto?
- No. La propuesta que hizo el Gobierno en diciembre de 2023 presenta falencias técnicas. Primero, no atiende a la preocupación de la pregunta anterior. Segundo, exige separar la industria entre apoyo y gestión financiera, aduciendo economías de escala que la evidencia rechaza.
En efecto, en 2023 el costo medio de producción de AFP UNO, con 680 mil afiliados promedio, fue bastante similar al de AFP Modelo, que tuvo cuatro veces más afiliados que UNO.
Tercero, la manera de licitar que propuso el Gobierno no contempla una relicitación para cada grupo cuando expire el lapso de servicio del prestador anterior. Esto abre la puerta a que una AFP repita la “jugada PlanVital” de agosto de 2018, donde el prestador aprovechó la libertad de precios recién recuperada para triplicar su comisión. Una solución es la relicitación rotatoria que he propuesto.
Cuarto, se obliga al postor vencedor a cobrar a los grupos ganados antes, cuya comisión ya está contratada, la misma tasa de comisión cobrada al grupo adjudicado en la última subasta para los siguientes 10 años. Este es un gravamen que discrimina contra los postores que sirven a otros grupos de afiliados, sean ganados antes o que llegaron por elección individual, por lo que genera escasez de postores en la subasta.
La manera de licitar que propuso el Gobierno genera baja competencia y altas comisiones.
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