Institucionalidad de la libre competencia

La demanda presentada por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) contra las tres principales cadenas de supermercados del país ha causado numerosas reacciones. Los hechos no han sido probados, pero de confirmarse la existencia de un acuerdo colusivo, todos coinciden en que debe existir un categórico rechazo al actuar de las demandadas y una severa sanción por ejercer conductas contrarias a la libre competencia.

Sin embargo, se han levantado algunas voces cuestionando la acusación que, basada en comunicaciones entre ejecutivos de los supermercados y los proveedores de carne de pollo fresco, no logra hasta aquí convencer jurídicamente de la existencia de colusión. Dada la publicidad del caso y la enérgica reacción de las propias autoridades, es esperable que las Fiscalía cuente con pruebas suficientes para persuadir al Tribunal de sus acusaciones, más aún considerando el efecto provocado en la opinión pública y en la imagen de las empresas acusadas.

El hecho que se fiscalicen y persigan las conductas que atentan contra la libre competencia es una buena noticia para el país, porque quiere decir que las instituciones y la regulación están operando. Es por ello que se debe exigir la máxima rigurosidad e imparcialidad en los procesos persecutorios y sancionatorios. Requiere además de un análisis profundo sobre los efectos en el mercado, puesto que de probarse la infracción, dará origen no solo a multas, sino también a eventuales indemnizaciones a los consumidores afectados. En este contexto, el rol de las instituciones encargadas de velar por la libre competencia estará puesto a prueba.