¿Hay que regular las redes sociales?
Frente a la proliferación de contenido falso que circula en la red, algunos expertos se mostraron a favor de una regulación, pero otros son más cautos y llaman a comprender sus complejidades.
Por: Renato Olmos
Publicado: Lunes 28 de agosto de 2023 a las 04:00 hrs.
Aisén Etcheverry, ministra de Ciencia, Tecnolología, Conocimiento e Innovación. Daniel Halpern, académico Universidad Católica. Carolina Plaza, fundadora de Metaverso Legal. Martín Mois, socio de Aninat Abogados. Guido Girardi, vicepresidente ejecutivo Fundación Encuentros del Futuro.
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En mayo de este año, el Gobierno creó la Comisión Asesora contra la Desinformación, integrada principalmente por expertos y académicos, para asesorar a la administración del Presidente Boric en materias relacionadas con el fenómeno global de la desinformación.
La comisión, que no ha estado exenta de críticas y cuyas recomendaciones no son vinculantes, abordará cinco temáticas, entre ellas aspectos de alfabetización digital y desinformación en las plataformas digitales.
Respecto a este punto, la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Aisén Etcheverry, quien preside la instancia, señaló que se entregarán dos informes técnicos que servirán como insumo para los “tomadores de decisiones”.
“Será relevante monitorear los resultados de la ley de servicios digitales de la Unión Europea para aprender de esta experiencia, pues uno de sus objetivos, es la protección de los ciudadanos frente a la desinformación de las redes sociales”, señaló Carolina Plaza.
“Esto podría incluir la identificación de ciertos vacíos en la regulación de plataformas o de redes sociales, pero es algo que no podemos saber hasta ver el resultado de ese informe, cuya fecha de entrega es a finales de noviembre”, dijo.
Lo anterior se configura como un tema relevante en el contexto de la proliferación de la información falsa que circula en redes sociales y cómo, en algunos casos, el algoritmo de las plataformas promueve ciertos contenidos. Como el caso de X, ex Twitter, en el que investigadoras de las universidades de Berkeley y de Cornell llegaron a la conclusión que su algoritmo “amplifica” la ira y la animosidad.
Frente a este escenario, DF consultó a una serie de expertos de distintos ámbitos acerca de la pertinencia de regular las redes sociales estos ámbitos.
Aisén Etcheverry: Comprender las complejidades
La ministra Etcheverry se mostró cauta respecto de una potencial regulación de las redes sociales, señalando que antes de tomar una decisión, se debe comprender cómo funcionan y cuáles son las complejidades asociadas.
“Cuando miramos las redes sociales, tenemos que comprender bien el espacio que la libertad de expresión y otros derechos fundamentales, como la privacidad y los datos personales, por ejemplo, ocupan en el entorno digital (…) Por toda esa complejidad, me parece prematuro dar una respuesta sobre si regular o no regular”, comentó la ministra.
Eso sí, la secretaria de Estado afirmó que en el proceso de comprender el tema “será necesario asegurar que el marco normativo permita el correcto despliegue de todos los derechos que tenemos las personas, y equilibrarlo de forma adecuada con los beneficios derivados de este tipo de tecnologías”.
Agregó que para hablar del contenido específico de una eventual regulación y su forma, se requiere de “una revisión jurídica y técnica profunda” y que cualquier iniciativa de este tipo “debe resguardar el derecho a la libertad de expresión y a la información, así como también los derechos de los consumidores, cuidando al mismo tiempo no entorpecer por esta vía la libre competencia”.
Daniel Halpern: El gobierno no puede regular las redes
El periodista y profesor de la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica, Daniel Halpern, quien estudia las consecuencias sociales que tiene el uso de las tecnologías de comunicación en la población, comentó que le parece “ingenuo” que un ente gubernamental eventualmente regule las redes sociales.
Señaló que gran parte de las mentiras que circulan en redes sociales “son omisiones de medias verdades, porque son interpretaciones de una realidad que responde al sesgo que tiene toda persona” acerca de un tema determinado.
Cita como ejemplos, hechos ocurridos durante el primer proceso constitucional o el estallido social en el que para una persona “el otro está diciendo fake news en circunstancias de que son interpretaciones de una realidad”.
Lo anterior, según el periodista, hace que regular este tema se torne “mucho más difícil” y, por ende, cree que deberían existir instituciones -como medios de comunicación- dedicados a chequear hechos y advertir cuando se produzcan dichos falsos, por sobre alguna entidad del Estado, debido a la complejidad de su “visión política”.
“Regularlo es muy difícil y complejo, porque las acusaciones responden a sesgos en la visión y determinar qué es una fake news en la red social es casi imposible (…) Lo mejor es generar fact checking para determinar si son o no son noticias falsas y las personas que se quieran informar, se informen”, afirmó.
Martín Mois: Libre competencia y publicidad engañosa
El socio del estudio Aninat Abogados y que sigue de cerca temas de protección de datos, Martín Mois, está “parcialmente de acuerdo” con la regulación a las redes sociales, pero planteó que debe ser “algo más amplio”, y que se deben incluir a todos en los que “se alojen opiniones de terceros”, por ejemplo, plataformas comerciales que permiten calificar productos.
“Si bien las redes sociales son las más prominentes, no son las únicas que publican contenidos de terceros y bajo ese punto de vista, una eventual regulación puede quedarse corta si solo incluye a estas”, dijo.
Afirmó que todos los temas relacionados con la libre competencia deben ser regulados, así como la publicidad engañosa, que podría servir como solución para las noticias falsas.
Comentó además, que otros asuntos como las políticas de tratamientos de datos personales tienen que estar reguladas, pero en base a las normas generales sobre datos personales y “no necesariamente normas específicas para las redes sociales”.
Señaló también que es partidario de regular la obligación y forma en que las plataformas pueden y deben hacer remoción de contenidos ilegales, como pornografía infantil, para estar en línea con las prácticas modernas de transparencia en moderación de contenidos.
Carolina Plaza: Buscar equilibrios
La ingeniera civil y fundadora de Metaverso Legal, Carolina Plaza, dijo que la regulación de las redes sociales es un tema “complejo”, pero que se debe enfrentar con equilibrios. “Por un lado, la libertad de expresión y por otro, la afectación de derechos”.
Afirmó que la autorregulación “ha demostrado ser insuficiente” y no le caben dudas de que “deben existir regulaciones para proteger a los niños y niñas, y excluir los discursos de odio”.
Respecto de potenciales referentes, comentó que la ley de servicios digitales de la Unión Europea es una “experiencia interesante” para tener en cuenta. Si bien esta legislación entrará en vigor en febrero de 2024, “será relevante monitorear sus resultados para aprender de esta experiencia”, pues uno de sus objetivos, es la protección de los ciudadanos frente a la desinformación de las redes sociales.
Guido Girardi: Regular en todo el mundo
El exsenador Guido Girardi y vicepresidente ejecutivo de Fundación Encuentros del Futuro, es tajante: se deben regular las redes sociales no solo en Chile, sino que “en todas partes del mundo”.
Dijo que la humanidad tiene dos desafíos fundamentales de carácter ético y políticos: enfrentar el cambio climático y la “desregulación absoluta” de las tecnologías, sobre todo, la Inteligencia Artificial.
“En la red, como no hay una certificación de veracidad y como los algoritmos están hechos para activar la atención con lo falso y lo violento, la verdad y lo pacífico están totalmente desplazados por lo falso y se genera un mundo distópico que empieza a contaminar a todo el ecosistema”, afirmó Girardi.
También dijo que las redes reducen el “espacio cognitivo” de las personas debido a la personalización que hacen de cada usuario.
No obstante, aseguró que no prohibiría su uso, sino más bien es partidario de crear un marco regulatorio exclusivo para ellas, con el fin de “recuperar el pilotaje democrático de la sociedad”.
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