A Larry Amaury Álvarez Núñez le gustaba atender en persona su cafetería en el local de apuestas Jockey Club, en la calle Teatinos. Que Amaury, conocido como “Larry Changa”, uno de los tres fundadores del grupo criminal El Tren de Aragua haya realizado sus negocios tan cerca de La Moneda es sólo uno de los tantos datos sorprendentes que la periodista Ronna Rísquez detalla en su libro.
“El Tren de Aragua. La banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina” es el resultado de siete años de investigación de Rísquez, quien incluso se internó en el recién desmantelado penal de Tocorón, en Venezuela.
“Si la prisión de Tocorón era el centro de operaciones, es un golpe importante; pero los jefes de la prisión no estaban allí, no se sabe de su paradero… Decir automáticamente que la organización ya está desmantelada a mí no me parece, no lo creo”, dice entrevista telefónica con DFMAS.
El “jefe” o “pran” de Tocorón al que se refiere Rísquez es Héctor Rusthenford Guerrero, alias “Niño Guerrero”, el otro fundador del grupo criminal. A pesar de una sentencia hasta 2034, al momento de la intervención del penal de parte de la Guardia Nacional venezolana, Guerrero tenía “libertad plena”.
¿Quién le otorgó la libertad? ¿Y, si estaba libre, por qué hasta antes de la intervención policial estaba Guerrero en el penal?
Pero como explica Rísquez, Guerrero y otros líderes medios del grupo criminal entraban y salían de Tocorón a su conveniencia. El penal, al igual que otros en Venezuela, era manejado por los reos, no por la Gendarmería.
Las imágenes compartidas -con un curioso orgullo- por las autoridades venezolanas confirman lo que Rísquez describe en su libro. Ahí están las piscinas, el parque infantil, los bares y casas de dos pisos que constituían esta “mini-ciudad” que operaba en el penal bajo el mando de Guerrero, el otro fundador del grupo criminal. Otros negocios incluían cajeros automáticos, casas de cambio, tiendas de drogas y discotecas.
Esta es una de las principales particularidades de este grupo criminal: nació y creció a la vista y paciencia, si acaso no con la ayuda, de las autoridades venezolanas.
“Estos grupos existen porque el gobierno los permite. O sea, porque el gobierno tiene acuerdos, alianzas. Porque, en algún momento le han servido al gobierno. Es un caso de gobernanza criminal. Tienes el grupo armado o criminal, tienes la comunidad o el pueblo, la gente está sometida, pero de alguna manera se termina involucrando; y tienes al gobierno, ya sea porque participa o permite que eso pase”.
No es, insiste Rísquez, que el grupo ya sea en las cárceles o en los pueblos que controla busque reemplazar al Estado. Tanto así que, tras permitir el crecimiento del grupo por años, el penal fue intervenido en cuestión de horas. “¿Por qué no lo hicieron antes?”, pregunta la periodista.
“Formalmente la prisión tenía un director que es designado por el ministerio de servicio penitenciario… Es imposible que se pueda decir que la Guardia Nacional, que el ministerio de servicio penitenciario no supieran y no aceptaran y no participaran de lo que pasaba en Tocorón”.
Además no era un caso aislado. “Yo entré a otra cárcel en Venezuela que se llama Tocuyito. Solamente tuve que pagar US$5. No me pidieron la cédula, ni me revisaron. Se los entregué a un funcionario de la Guardia Nacional. Ese funcionario tenía un cuaderno donde anotó el pago, pero estaban también dos personas de civil y los tres discutían quién guardaba los US$5. Para mí era muy obvio que era esa triada de un funcionario, un preso y un guardia nacional”.
Las investigaciones involucran al grupo con narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, sicariato, extorsión, tráfico de migrantes, minería ilegal, homicidios, secuestros, y lavado de dinero.
¿En tu experiencia, pueden grupos como el Tren de Aragua crecer, expandirse sin la acción u omisión del Gobierno?-
- No, eso no es posible.
Si algo ha logrado este grupo criminal es expandirse rápidamente. Un factor ha sido su habilidad de adaptación, pero también su habilidad para establecer “vínculos con agentes del Estado incluso fuera de Venezuela”, escribe la periodista.
Los jefes
Rísquez explica que, a pesar de funcionar a través de células dispersas, a diferencia de otros grupos criminales, el Tren de Aragua tiene un mando centralizado. “El grupo que estaba en Tocorón coordinaba prácticamente todo. La zona minera, que tenía un jefe; y el que estaba en Chile, que era el otro jefe. La operación al final terminaba estando centralizada en estos tres jefes”.
Junto a Guerrero y Álvarez, Yohan José Romero, alias “Yohan Petrica” es el otro jefe, y controla las operaciones de minería ilegal en Las Claritas, el cuarto yacimiento de oro más grande del mundo. Es más, testimonios de exmiembros y cercanos al grupo a Rísquez, identifican a Romero como el verdadero jefe. “Guerrero lo llama Papá y ha ido varias veces de visita a Tocorón”, cita el libro.
Tanto Álvarez como Romero desaparecieron en 2015, cuando se los dio por muertos en un operativo junto a Guerrero. Este último fue recapturado. Álvarez habría entrado en 2018 a Chile, y Romero se habría dirigido a Brasil, para luego retornar a Venezuela.
La investigación de Rísquez ubica a los “tres papás”, como los identifican los miembros capturados del grupo en sus mensajes, en la cárcel de Tocorón entre 2007 y 2013. Otros dos reos ya fallecidos, aparentemente por rencillas internas, habrían estado también en el grupo fundador.
Rísquez ve en la falta de cooperación policial entre los países de la región uno de los factores que ha permitido la expansión de esta “megabanda” con más de 5.000 miembros.
Las primeras referencias al Tren de Aragua se registran en febrero 2014 en testimonios de algunas de sus víctimas de extorsión. El nombre, cree Rísquez, no tiene nada que ver con el mito de que surgieron de un sindicato, sino que sigue la tradición de otras bandas criminales venezolanas que también usan la imagen del tren en sus nombres.
“Sólo estaban marcando su territorio”, afirma. Tanto Guerrero como Álvarez son oriundos de Aragua y ahí se iniciaron en su carrera criminal.
En lo que se diferencian de otros grupos es en su diversificación. Rísquez coincide con la imagen de una “multinacional del crimen”. Esa es quizás una de sus particularidades.
“Una de sus características es su capacidad de adaptación en las zonas en las que operan. Incluso establecen alianzas con grupos criminales que ya estén en la zona (PCC, ELN). Pero sobre todo tienen una capacidad sorprendente para identificar dónde…”. Rísquez se detiene, pero lo que quiere decir es “hacer negocio”.
Por ejemplo, en Tocorón pronto descubrieron que podían extorsionar a los mismos presos. El penal funcionaba por un sistema de clases estricto y los reos debían pagar US$15 semanales por su seguridad o simplemente poder acceder a comida y medicinas. Eso implica US$780 por reo al año. Tocorón llegó a albergar 5.000 presos. Es decir, que el grupo podía recibir hasta casi US$4 millones anuales sin salir de la prisión.
Luego entendieron que una vez fuera del penal, sin oportunidades de reintegrarse a la sociedad, los reos eran una mano de obra cautiva. “Otro tema es como establecen estos códigos que terminan siendo la base de la lealtad de una persona que está en Chile a otra persona que está en Aragua, en Tocorón. Es el tema de manejarse como si fuera una gran familia. Se tratan de hermanos, los jefes son los papás, Tocorón es La Casa Grande. Se crea una lealtad”, describe.
Se trata de una estructura organizacional inquebrantable, en parte por el sentido de pertenencia que se genera entre sus miembros, en parte por los beneficios que reciben éstos y sus familias, en parte por el uso de la violencia y tortura para imponer su poder incluso sobre comunidades enteras.
Las investigaciones involucran al grupo con narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, sicariato, extorsión, tráfico de migrantes, minería ilegal, homicidios, secuestros, y lavado de dinero. Actividades en las que también actúan como ejecutores o “prestadores de servicios” para otros grupos.
Por un breve momento, a inicios de 2022, los tres líderes del grupo criminal estuvieron ubicados en el radar de las policías. Guerrero en Tocorón, Álvarez en Santiago, y Romero en Brasil.
Hoy se desconoce el paradero de los tres. Rísquez ve en la falta de cooperación policial entre los países de la región uno de los factores que ha permitido la expansión de esta “megabanda” con más de 5.000 miembros y un arsenal de armas pesadas que no dudan en exhibir y usar.
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