Hacienda analiza subir a 19% el impuesto digital y abordará cambios con la OCDE
En las próximas semanas arribarán a Santiago expertos del organismo para establecer una mesa e intercambiar opiniones sobre el tributo a las plataformas.
Por: Sebastián Valdenegro
Publicado: Jueves 10 de enero de 2019 a las 04:00 hrs.
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En el Ministerio de Hacienda están “de cabeza” trabajando en posibles modificaciones a la reforma tributaria. Los acercamientos entre gobierno, oficialismo y oposición se consolidarán en los próximos días, con la convocatoria a una comisión técnica que -de aquí a marzo- se aboque a encontrar puntos de acuerdo entre las partes.
Fuentes al tanto comentan que una posibilidad de cambio que toma fuerza es aumentar la tasa del Impuesto a los Servicios Digitales (ISD) a 19%. Esto, luego del consenso entre los expositores en el Congreso -como la Cámara Nacional de Comercio y la Confederación de la Producción y del Comercio- y las recomendaciones que hiciera la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en una carta enviada al ministro de Hacienda, Felipe Larraín.
En la misiva, el director del Centro de Política y Administración Tributaria del organismo, Pascal Saint-Amans, propuso ajustes que mejoren la capacidad de recaudación del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los servicios digitales.
En las próximas semanas un equipo técnico del organismo arribará a Santiago para conformar una mesa de trabajo con Hacienda. ¿La idea? Conocer de primera fuente las medidas que han adoptado otros países miembros en la materia. Los especialistas se reunirán con Larraín y los cerebros detrás de la propuesta de Teatinos 120, Carolina Fuensalida y Manuel Alcalde.
Subir a 19% no es una decisión inocua para el equipo técnico. Fuentes al tanto señalan que una opción es igualar el ISD con el IVA y mantener la arquitectura del nuevo tributo. Esto es que se grava la prestación de un servicio digital proporcionado por un extranjero no domiciliado en Chile y que es consumido por una persona natural en nuestro país. El agente retenedor del gravamen será la tarjeta de crédito bancaria.
Ahora, en caso de que se decidiera aplicar el IVA a los servicios digitales, el escenario cambia ya que el sujeto gravado pasaría a ser el consumidor final. Eso sí, se buscaría mantener a la tarjeta bancaria como el agente retenedor. En el Ejecutivo recalcan que la decisión definitiva se tomará en marzo. La recaudación adicional rondaría los US$ 200 millones.
Nuevas compensaciones
Otra idea que gana terreno es la planteada por la oposición en orden a subir el impuesto a las personas, en particular el tramo más alto, que se redujo desde 40% a 35% en la reforma anterior. Esto sumaría alrededor de US$ 300 millones a las arcas públicas.
Así, con cambios al ISD y el tramo máximo del Global Complementario, se lograrían alrededor de US$ 500 millones que no están, en circunstancias que se requieren compensar los US$ 833 millones que cuesta la reintegración impositiva.
En el gobierno también evalúan cambios a la Defensoría del Contribuyente (Dedecon). Una decisión ya tomada es clarificar que el traspaso de funcionarios y bienes desde el Servicio de Impuestos Internos (SII) y los Tribunales Tributarios y Aduaneros (TTA) será voluntario y a través de concurso.
En el grupo de temas que mira Hacienda están las nuevas categorías de gastos necesarios para producir la renta. Aquí, se optaría por aclarar la redacción de la normativa, que en el proyecto hace referencia a desembolsos considerados “ordinarios, extraordinarios, habituales, excepcionales, voluntarios u obligatorios, que sean razonables en cuanto a su monto”.
¿Baja tributo a empresas?
Desde el oficialismo, por lo menos en privado, han abogado por poner en la discusión tributaria la opción de reducir el impuesto a las empresas, desde 27% a 25%, como lo comprometió el Ejecutivo en campaña. En junio, el presidente Piñera le cerró la puerta a esa opción en vista del deterioro de la situación fiscal y la falta de apoyo en el Congreso.
Pero no ha ocurrido lo mismo con el ministro Larraín. En el gobierno plantean que el tema podría reflotar hacia la segunda mitad del gobierno, pero sería algo condicionado a que mejoren las condiciones de las arcas públicas.
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