En tercer trámite constitucional, la Cámara de Diputados despachó el proyecto que establece por ley el funcionamiento del Consejo de Estabilidad Financiera (CEF), que actualmente opera por decreto.
La Cámara Baja aprobó el proyecto por 76 votos a favor, 1 en contra y 5 abstenciones, quedando en condiciones de ser promulgado tras su tramitación en el Congreso. La Sala del Senado despachó la iniciativa el pasado 10 de septiembre, con las indicaciones introducidas por el Gobierno.
De acuerdo a un comunicado de Hacienda, la iniciativa fortalece los mecanismos de coordinación e intercambio de información necesarios para preservar la integridad y solidez del sistema financiero. También fortalece la institucionalidad y facilita la coordinación; resguarda la autonomía legal de las instituciones técnicas; amplía las posibilidades de compartir información; permite a supervisores acceder a mayor información respecto de conglomerados financieros y es un legado a la institucionalidad económica de Chile.
Entre las indicaciones introducidas por el Gobierno, se establece en términos generales las obligaciones de información por parte de las superintendencias, de forma de asegurar que cualquier hecho, circunstancia o evento de un sector que pueda tener implicancias sistémicas, sin importar su tipo o naturaleza, deba ser informado al CEF. Incorpora frecuencia mínima para la realización de las sesiones del consejo y que éste pueda ser convocado de forma extraordinaria por el ministro de Hacienda o las superintendencias financieras. Clarifica que cuando la información que reciba el CEF por parte de alguno de sus miembros esté sujeta a plazos de reserva mayores que los que el proyecto establece, serán éstos los que rijan.
El CEF está integrado por el ministro de Hacienda, quien lo preside; los superintendentes de Valores y Seguros; de Bancos e Instituciones Financieras; de Pensiones; y el presidente del Banco Central de Chile que asiste permanentemente en calidad de invitado. El Consejo sesiona una vez al mes y cuenta con el apoyo de una secretaría técnica, proporcionada por el Ministerio de Hacienda.
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