Mayo no fue un buen mes para Cencosud. Tras acogerse a la Ley de Protección al Empleo -y suspender los contratos de más de 7.700 trabajadores del holding-, los accionistas de la firma aprobaron la idea de repartir cerca del 80% de sus utilidades de 2019 -equivalente a $ 91.360 millones-, hechos que dejaron a la firma en el ojo del huracán.
Tales acontecimientos generaron una batahola de críticas en redes sociales, a los que incluso se sumaron autoridades, como la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, quien criticó el actuar de la firma.
“Una empresa que reparte utilidades por sobre el mínimo legal, claramente resulta medio contradictorio que esté en la necesidad de acogerse a la ley para proteger a sus trabajadores”, afirmó en esa ocasión la autoridad.
Ante esto, el 7 de mayo -para la sorpresa de muchos- la empresa dio pie atrás y anunció que no se acogería a la norma, y que dejaría sin efecto la suspensión de contratos de sus trabajadores.
Esto desencadenó que la Dirección Regional del Trabajo de la Región Metropolitana Oriente -liderada por Valentina Morales- oficiara a la firma y solicitara la entrega de información para iniciar una investigación, para revisar si el actuar de la firma fue acorde o no a lo establecido en la ley.
¿En qué está ese proceso?
Según revelaron conocedores del proceso, tras más de tres meses de investigación, dicho proceso estaría ad portas de concluir.
“El informe está en revisión, para posterior notificación a la empresa”, señalaron desde la Dirección del Trabajo, sin entregar mayores antecedentes.
De acuerdo con fuentes ligadas a dicha entidad, en la versión preliminar del documento no se contemplarían sanciones al holding, ya que la firma habría logrado cumplir con los estándares que planteó tanto la Superintendencia de Pensiones para devolver las prestaciones que recibieron sus trabajadores por parte de la Administradora del Fondo de Cesantía (AFC), como también con los requisitos legales para dejar sin efecto los pactos de suspensión acordados con sus trabajadores.
Con estos antecedentes, agregaron, no existirían razones para llevar a la firma ante la justicia, ya que al devolver las prestaciones tal como estableció la Superintendencia de Pensiones, no se habría generado perjuicio.
“Como la firma siguió al pie de la letra estas instrucciones, inicialmente no se contemplarían multas ni sanciones”, explicó una fuente al tanto del proceso, quien agregó que de igual modo no se trata de la resolución final, sino que preliminar.
De acuerdo a conocedores del proceso, la empresa ya devolvió cerca de $ 4.000 millones a la AFC. Sin embargo, ese no sería el monto final, ya que aún queda por resolver la situación de una de las cinco empresas en las que el holding realizó suspensiones, por lo cual la cifra podría llegar a los $ 5.000 millones, si además se contemplan los reajustes a realizar.
En su oportunidad, la Superintendencia de Pensiones estableció que las devoluciones que realizara la empresa debían “compensar la rentabilidad que habrían obtenido dichos recursos de haberse mantenido en los fondos de cesantía de cuentas individuales (CIC) o del Fondo de Cesantía Solidario (FCS). En caso que no haya pérdida, no corresponderá ningún tipo de compensación y de ajuste”.
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Diario Financiero consultó tanto a la AFC como a la Superintendencia de Pensiones respecto a los montos involucrados, pero ambas entidades señalaron que por razones legales no es posible entregar dicha información.
También se les consultó en relación al tema tanto a la firma como al estudio jurídico que los asesoró -Canales Parga Abogados Laborales-, pero desde ambas partes declinaron entregar declaraciones sobre el tema.
Se conforma la mixta sobre seguro de cesantía
Hoy la Cámara de Diputados informará los integrantes de la comisión mixta que deberá resolver las discrepancias surgidas entre el Senado y la Cámara Baja sobre el proyecto que amplía las condiciones para acceder al seguro de cesantía y modifica la Ley de Protección del Empleo durante la pandemia.
Los nudos centrales a zanjar por los parlamentarios son la posibilidad de incluir a las trabajadoras de casa particular, situación que no es compartida por el Gobierno. También se debe establecer una tabla con los montos en que se incrementan de las prestaciones del Seguro y los giros que está entregando la Ley de Protección del Empleo.
La semana pasada la ministra del Trabajo, María José Zaldívar, explicó que el proyecto busca aumentar el número de giros para los trabajadores con contrato a plazo fijo, de la construcción y faenas agrícolas, que hoy solo tienen derecho a tres giros y tendrían derecho a siete giros igual a los trabajadores con contrato indefinido. Además, subiendo montos y porcentajes de tasas de reemplazo, dejando el primero en un 70%, los siguientes en 55%. Pero la oposición busca subir ese piso de 55%.
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