“Como parte de la diversificación de los actores de nuestra economía, el compromiso de este gobierno está, también, con fortalecer a las cooperativas que han sido omitidas de las políticas públicas durante muchos años”. En su primera cuenta pública, el Presidente Gabriel Boric reafirmó una promesa de campaña para llegar a La Moneda: crear el Instituto Nacional de Asociatividad y Cooperativismo, una iniciativa que permitiría beneficiar a las más de 39 mil personas que hoy forman parte del sector, afirmó.
La tarea recae en el Ministerio de Economía, donde están trabajando para cumplir con la meta acordada con Presidencia: que el proyecto de ley que creará dicho organismo entre al Congreso durante el primer semestre de 2023, adelanta Cristóbal Navarro, jefe de la División de Asociatividad y Cooperativas de la cartera.
El economista lleva décadas trabajando en economía social, y el año pasado se sumó a una de las comisiones programáticas de Boric, entonces candidato presidencial. Su interlocutor era el ahora ministro Nicolás Grau, quien durante el verano lo invitó a sumarse a su equipo, para llevar a la práctica lo que habían diseñado en el papel.
Uruguay, un referente
El futuro instituto es una opción para fortalecer a las cooperativas y la idea es que sea un ente con gobierno mixto y participación del Ejecutivo, que congregue a las organizaciones del sector y del mundo académico.
“El instituto tiene que ser la principal herramienta para que el sector cooperativo termine siendo un actor sumamente relevante en el crecimiento y el desarrollo de este país”, afirma Navarro, y comenta que han estado estudiando la experiencia de países como Brasil, Argentina y Colombia, entre varios otros, de la mano de organismos internacionales como la Cepal.
El grupo está trabajando con el Instituto de Cooperativismo en Uruguay (Inacop), con quienes acordaron realizar una transferencia técnica de aprendizajes de aciertos y desaciertos de su experiencia.
A partir de esto, se conformará una mesa técnica, mientras el plan se sigue conversando con el sector, un paso clave en el trazado del proyecto. Para noviembre se espera tener diseñado un borrador “con cierto nivel de consenso” para socializarlo con parlamentarios.
El economista considera que será fundamental que en el instituto haya participación de las cooperativas en las decisiones estratégicas. Cuenta que entre los modelos que han revisado, la mayoría se financia con recursos del Estado y también con la reinversión del excedente que genera el mismo mundo cooperativo.
“El sector tiene que entender que si este es su motor de desarrollo y de fomento, tiene que también poner parte del financiamiento”, defiende Navarro.
Comenta que otros elementos comunes que han visto en los modelos extranjeros son la autonomía, una “institucionalidad de rango superior”, injerencia del sector cooperativo en las decisiones estratégicas, y autonomía presupuestaria. Este último punto lo considera clave, ya que permitiría que sea una política pública “estratégica, de mediano plazo, que se sostenga sin importar quién es el gobierno de turno”.
Navarro estima que, hacia fines de la administración actual, el instituto debería estar “funcionando”.
Pilar central
El funcionario afirma que la nueva entidad tiene que ser uno de los pilares centrales del nuevo modelo de desarrollo que el gobierno quere dejar como uno de los legados. “Y se tiene que visualizar como un elemento fundamental”, señala.
Sobre todo, porque esta iniciativa coincidirá con el proyecto que también trabaja Economía -se espera presentar este año- que apunta a agilizar proceso de constitución de las cooperativas.
El personero dice que en el estallido social la gente salió a decir a la calle que la economía y la sociedad no se podía seguir organizando de la misma forma, y defiende que “necesitamos que los trabajadores, los sectores populares, aumenten su posibilidad de decidir, de intervenir, de ingerir, en las decisiones económica”, o sea en qué, cuánto, cómo, dónde, para qué se produce y cómo se distribuye el excedente de procesos productivos.
“Estamos en un cambio paradigmático en el cual necesitamos urgentemente que la sociedad chilena, la economía, la vida política y la vida económica se organicen más a través de la cooperación y menos a través de la competencia”, dice, y agrega que “las cooperativas son una herramienta notable para poder concretar eso”.
Destaca que el borrador de la nueva Constitución recoge esta visión: “Explícitamente habla de que el Estado chileno reconoce el rol social, económico y productivo de las cooperativas y se compromete a promoverlo”.
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