Este lunes se inició la discusión de la reforma estructural al sistema de notarios y conservadores en la comisión de Constitución del Senado. La ocasión también fue el debut del fiscal nacional económico, Jorge Grunberg, quien fue invitado a exponer sobre el tema.
“Pensamos que el proyecto avanza en la dirección correcta y recoge propuestas realizadas por la FNE”, dijo el personero en referencia a la iniciativa que se llegó al Parlamento en 2018, para luego ser aprobada en su primer trámite constitucional en 2020.
Hoy el proyecto cuenta con urgencia simple, es decir, debe ser conocido y despachado por la respectiva Cámara en 30 días.
Grunberg destacó que la propuesta estandariza la información, promueve la digitalización y su acceso por los usuarios “de manera más eficiente”, al mismo tiempo que flexibiliza la manera en que los auxiliares de la administración de justicia realizan sus labores.
Al mismo tiempo, sostuvo, “apunta a aumentar la competencia específicamente, al permitir un incremento en el número de notarios y al crear la figura del fedatario, que a nuestro juicio es muy importante”.
Según el proyecto, este ministro de fe estará facultado para realizar funciones relativas a la certificación de hechos.
Entre lo que podría mejorar del proyecto, Grunberg mencionó el aumento al “máximo posible” del nivel de competencia, especialmente respecto al cargo de fedatario. “Que sea la libre competencia la que determine los precios, salvo excepciones, en que proceda la regulación por vías de fijación de precios”, afirmó.
A su juicio, “sería interesante el tema de la flexibilidad de la organización de los notarios a fin de propiciar la innovación en sus procedimientos” .
Pérdida de bienestar social
Grunberg también presentó los resultados de un estudio de mercado acerca de los notarios: 17 servicios que concentran 90% de los trámites y 85% de los ingresos; no hubo interacción con un notario en el 83% de los trámites; entre 2015 y 2017 el promedio de rentas de notarios fue de $ 14 millones mensuales.
Además, la FNE estimó que “el diseño regulatorio actual produciría una pérdida de bienestar social de entre US$ 138 millones y US$ 149 millones anuales”.
Los costos de oportunidad para los usuarios que hacen trámites en notarías son de hasta US$ 34 millones anuales, mientras que los ahorros podrían ser de US$ 80 millones anuales en innovación tecnológica asociadas a las reformas; y las rentas monopólicas o supra competitivas equivaldrían a US$ 25 millones.
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