Hace algunas semanas, algunos consultores y clientes libres del sector eléctrico pusieron en discusión la fortaleza de nuestro marco regulatorio e institucional para proteger a los consumidores frente a decisiones que tome la autoridad, en especial en relación a procesos tarifarios o de planificación de la transmisión eléctrica.
Como consultor y asesor parlamentario (ad honorem), he sido parte activa de las discusiones legislativas de los últimos años, especialmente en la nueva Ley de Transmisión. Debo confesar que me extrañó el debate que se inició respecto a la “inexistencia” de mecanismos de participación y tutela de los consumidores en los procesos regulatorios del sector, porque revelaba un cierto desconocimiento o desconfianza en las instituciones que participan del proceso.
La planificación de la transmisión comienza con una propuesta de expansión del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), el cual tiene la misión legal de velar por la seguridad, eficiencia y acceso al sistema de transmisión, es decir no mira intereses particulares, sino que el mejor desempeño del sistema. Posteriormente la Comisión Nacional de Energía (CNE), organismo que tiene por mandato desarrollar sus labores para “disponer de un servicio suficiente, seguro y de calidad, compatible con la operación más económica”, desarrolla un plan preliminar, participativo y observable por todos los actores, y un plan definitivo, el cual puede ser discrepado ante un Panel de Expertos independiente, por quién se sienta afectado.
Esta semana, dicho Panel entregó su dictamen respecto a las discrepancias formuladas al plan de transmisión 2017. La discusión más relevante, por su magnitud, era la discrepancia presentada por Collahuasi en relación a la Línea HVDC Lo Aguirre–Kimal propuesta por la CNE. Habiendo sido escuchadas todas las partes, el Panel dispuso postergar la incorporación de este proyecto, ya que, entre otros aspectos, “existen propuestas alternativas respecto de esta línea, que difieren en costos, su concepción, plazos de construcción, fechas de puesta en servicio y se basan en distintos supuestos de desarrollo de centrales”.
Así pues, contamos con instituciones como el CEN y la CNE, sólidas técnicamente y que miran el interés general; y que pueden ser cuestionados respecto a los criterios que utilizan ante un Panel independiente. Por ello, ¿quién podrá defenderme? Las instituciones que han demostrado funcionar.
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