“La Contraloría puede ordenar a la Superintendencia (de Pensiones) que haga un proceso invalidatorio”. Esas fueron las palabras de Patricia Arriagada, subcontralora de la República, ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por la fusión de las AFP Cuprum-Argentum. No obstante, advirtió que el organismo no tiene la versión oficial del pronunciamiento o de la resolución exenta del regulador -pese a que la conocen- para decir si se hizo o no el procedimiento que está estipulado en la ley.
“Nosotros vamos a hacer la solicitud con esa información respectiva”, comentó.
En la instancia, además, la autoridad señaló que “no hay duda respecto de la competencia que tiene o tendrá” el organismo. Y que éste estima que la operación es “ilegal”, dado que Cuprum sólo podía fusionarse con otra AFP.
“No existe norma legal alguna ni tampoco reglamentaria o de otra naturaleza que permita a la superintendencia establecer una condición suspensiva que a través de ella se permita no dar cumplimiento a la legislación que rige la materia”, dijo.
En ese sentido, consignó que en ningún momento se ha considerado ningún juicio de valor respecto a la inversión extranjera, las fusiones y “los posibles beneficios que de estas actuaciones se deriven”. Lo único que ha hecho la Contraloría, añadió, “es dar cumplimiento a la exigencia legal (...) de que los servicios públicos sometidos a nuestra fiscalización cumplan con la ley”.