La
Comisión de Constitución del Senado acordó aumentar de UF
25.000 a
UF 100.000 (de cerca de $522 millones a $2.087,5 millones) el piso para que las empresas implementen un modelo de prevención de
delitos.
Con esto, todas las personas jurídicas que tengan ingresos superiores
a dicho monto, estarán obligadas a contar con un encargado de prevención de
delitos.
La iniciativa se da en el marco de la tramitación del proyecto en segundo trámite que
establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de
lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho, que es
uno de los requisitos que estableció la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE), para el ingreso de Chile a dicha
agrupación.
Según detallaron parlamentarios, la medida permitirá que empresas más pequeñas no estén obligadas a tener un
personero especial dedicado a la prevención, con el fin de no encarecer la
administración de éstas.