Diversos informes ha encargado el gremio de Pequeñas y Medianas Generadoras (GPM) -en conjunto con varias empresas del sector- para abordar los efectos del polémico proyecto de subsidio eléctrico mientras impulsan la oposición que han sostenido los Pequeños Medios de Generación Distribuida (PMGD) por ser sumados en el esfuerzo de recaudación para triplicar la cobertura de este beneficio. Uno de estos documentos, que se alistan en plena tramitación del articulado en la comisión de Minería y Energía de la Cámara de Diputados, lo prepara el abogado Jorge Correa Sutil quien -según comentan fuentes- analizará la constitucionalidad del texto. Sin embargo, hay un primer insumo ya listo.
Se trata del informe titulado "Efectos del aumento en el riesgo para la inversión sobre el precio de energía" de Moray Energy Consulting, elaborado por su director Rodrigo Quinteros, ingeniero y expresidente del directorio del entonces CDEC-SING (Centro de Despacho Económico de Carga del Sistema Interconectado del Norte Grande), donde se aporta una estimación del efecto que tiene la variación del costo de capital en el costo del suministro eléctrico y se compara con el beneficio buscado por el proyecto de ley en términos económicos.
En el escrito se recuerda que, dentro de las medidas del proyecto de ley, se propone recaudar US$ 150 millones por año durante un período de tres años (2025-2027) mediante retenciones efectuadas al precio estabilizado actualmente percibido por los PMGD. Y, además, contiene elementos que también afectan a otros sectores directamente, tales como "aumento de impuestos verdes con intención recaudatoria (sin reflejo en los costos operativos) y elementos que politizan" la discusión de eventuales renegociaciones de contratos".
En esa línea, se plantea que esta propuesta ha generado inquietud en los inversionistas y financistas de infraestructura, así como también en analistas y clasificadoras de riesgo, tanto a nivel local como internacional. Y que, "si se verifica un aumento del riesgo observado para la inversión en futuros proyectos de infraestructura eléctrica en Chile, esto debería traducirse en primas por riesgo que eleven el costo del capital destinado a estas inversiones y, en definitiva, los precios de los contratos de suministro de energía para los usuarios finales debieran verse incrementados".
De entrada, se advierte que para una variación de un 1% (100 puntos base) en el costo de capital promedio ponderado se tendrá que los nuevos contratos de suministro que inicien suministro antes de 2030 podrían tener un incremento de 7,5 US$/MWh en el precio de la energía. Para nuevos contratos de suministro que inicien en el período 2030 a 2034 el efecto sería un poco menor pues el costo de las tecnologías se reduciría -según los supuestos considerados en el análisis- y alcanzaría a 6,3 US$/MWh ante la misma en el costo de capital. Y si el riesgo país alcanzara el nivel promedio de Latinoamérica (3% mas alto que Chile) el incremento se elevaría por sobre los 20 US$/MWh.
El análisis apunta a que, si se considera el efecto que el proyecto podría tener en las primas por riesgo para la inversión en infraestructura energética en Chile, la introducción del subsidio planteado tendría un valor negativo para los usuarios: "Este perjuicio se produce por el aumento que dichas primas suponen en los precios de los futuros contratos de suministro de energía, evaluados en un horizonte de 20 años".
Por ejemplo, se describe que, si la prima por riesgo reflejada en el costo de capital destinado a las inversiones en el sector eléctrico aumentara en un 1%, durante los próximos 20 años los usuarios (libres y regulados) verían un aumento en sus cuentas futuras superior a US$ 900 millones en valor presente, lo que representa un perjuicio neto para los usuarios por sobre los US$ 500 millones (descontando el alivio que representaría el subsidio también en valor presente). Este perjuicio neto podría alcanzar a US$ 2.400 millones si el riesgo aumenta en 300 puntos base para homologarse al promedio de América Latina.
Incluso se advierte que el efecto podría ser más extendido en el tiempo, pero 20 años se ha estimado suficiente para ilustrar los efectos negativos de una situación como la descrita.
Proyecto "sería sólo un espejismo"
De esta manera, se concluye que, de verificarse un aumento en el costo de capital para inversiones en infraestructura eléctrica en Chile, se produciría un incremento notable en el precio de la energía de futuros contratos de suministro eléctrico. Según se asegura, "este aumento implicaría que el alivio transitorio otorgado por el subsidio del proyecto de ley para reducir el costo de cuentas de electricidad de algunos usuarios sería sólo un espejismo con un beneficio de corto plazo significativamente menor que el mayor costo futuro que los usuarios enfrentarían producto del incremento de precio antes señalado". Es decir, se concluye, "desde una perspectiva de largo plazo, el proyecto de ley es negativo para los usuarios del servicio eléctrico en Chile".
En el informe también se sostiene que los efectos de un aumento en la percepción de riesgo podrían contaminar otros segmentos de la cadena de valor. Por ejemplo, transmisión, distribución o servicios complementarios. También, eventualmente -dicen- podría expandirse a otros sectores económicos afectando el costo de los servicios de infraestructura que requieren apoyo de inversión privada y financiamiento internacional.
"Evidentemente esto conllevaría a un perjuicio enorme para el país que no ha sido contemplado en este análisis centrado únicamente en los efectos sobre el componente energía eléctrica. Tampoco se ha contemplado en este análisis escenarios en que inversionistas decidan no continuar participando en un mercado con niveles de riesgo elevados como ocurre en otros casos", se precisa.
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Karen Peña
