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REGÍSTRATE AQUÍDerogatoria de la ley que proponía la privatización o concesión del patrimonio cultural peruano.
Por: EFE
Publicado: Jueves 26 de noviembre de 2015 a las 08:02 hrs.
El Congreso de Perú aprobó hoy insistir en la derogatoria de una ley que permitía la participación del sector privado en el manejo de bienes del patrimonio nacional, que fue defendida hasta el último momento por el Ejecutivo, informaron fuentes oficiales.
Un comunicado del parlamento detalló que el pleno del Congreso tomó la decisión con 80 votos a favor, 7 en contra y 6 abstenciones.
La iniciativa fue sustentada por el vicepresidente de la Comisión de Cultura, Jaime Valencia, quien planteó la derogatoria de la ley que, según la nota del legislativo, "proponía la privatización o concesión del patrimonio cultural peruano".
El Congreso ya había derogado esta ley en primera instancia el pasado 22 de octubre, aunque el presidente Ollanta Humala rechazó la medida e insistió en su vigencia y constitucionalidad el pasado 16 de noviembre.
El Ministerio de Cultura indicó, en ese momento, que la iniciativa permitía "la suscripción de Convenios de Gestión Cultural con el objetivo de proteger y poner en valor los monumentos arqueológicos, en alianza para la cogestión entre el sector público y privado".
Propuso, además, "con el único afán de darle viabilidad" a la iniciativa que se precise en la Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación que antes de aplicarse el procedimiento se deberá solicitar la opinión favorable de los gobiernos regionales.
Cuando el Ejecutivo dio el decreto en octubre pasado, los pobladores de la región sureña del Cuzco protagonizaron multitudinarias manifestaciones de protesta en rechazo a lo que consideraron la privatización de los sitios arqueológicos y el patrimonio cultural del país.
La protesta se realizó a pesar de que el Gobierno afirmó que la ley no comprendía a los sitios arqueológicos considerados patrimonio de la humanidad, como la famosa ciudadela inca de Machu Picchu.
La insistencia en la derogatoria de hoy sella prácticamente la suerte de la ley, ya que si el Ejecutivo no la promulga en un plazo de 15 días lo podrá hacer directamente el presidente del Congreso, el opositor Luis Iberico.
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