La trama en torno al inédito embargo del bono de $ 8,5 millones que 105 trabajadores de Minera Escondida recibieron en 2019 no cesa. En este nuevo capítulo, el Juzgado de Letras del Trabajo de Antofagasta acogió una medida cautelar solicitada por el Sindicato N°1, ordenando a la gigante BHP que suspendiera la entrega de un préstamo blando que pretendía entregar a los mineros afectados como medida de ayuda ante los cuantiosos descuentos que están viendo en sus remuneraciones.
El mayor sindicato de la minería chilena presentó una nueva denuncia por práctica antisindical ante la alternativa de crédito ofrecida por la compañía, fundada en que "la medida es otra forma más de ayudar indebidamente al grupo que se presentó como disidente en su oportunidad, siendo una nueva inherencia indebida de la empresa y que altera los efectos del cumplimiento de la sentencia condenatoria".
Asimismo, la directiva de la agrupación sindical denunció "vulneración de derecho fundamental a la no discriminación" frente al beneficio, argumentando que "constituye una decisión discriminatoria, ya que no se adopta la misma medida para ayudar a muchos otros trabajadores que también enfrentan deudas".
Según explicó el Sindicato N°1 en un informativo interno distribuido entre sus más de 2.000 socios, en la denuncia se solicitó como medida cautelar que se ordenara "desde ya" a Minera Escondida suspender la entrega de los préstamos, que tenían fecha de entrega el 25 de julio. Así, según indicó el grupo, el Juzgado admitió a trámite las denuncias y acogió la cautelar.
Cabe recordar que, en mayo, el Tribunal Laboral de Antofagasta ordenó a la minera embargar el millonario bono de término de conflicto que derivó de la negociación colectiva entre la compañía y el Sindicato Interempresa en 2019.
La inédita resolución fue previamente respaldada por la Corte de Apelaciones de la ciudad nortina y la Corte Suprema, las que declararon la nulidad del procedimiento tras analizar la denuncia por prácticas antisindicales presentada por el Sindicato N°1, que acusó que el convenio suscrito por sus compañeros había sido ilegal (por no cumplir el quórum necesario) y en desmedro de su propia organización, debilitando su representatividad.
De los 105 trabajadores que negociaron en 2019, 72 permanecen en la empresa y 33 ya no forman parte de ella. De los que aún mantienen un vínculo laboral, 56 ya vieron reflejado el primer embargo en sus remuneraciones del mes de junio, que variaron entre $ 16 mil y $ 3.196.940, según consta en los comprobantes presentados por la misma compañía ante el tribunal.
De acuerdo con información entregada por Escondida a la justicia, el embargo de 16 trabajadores no pudo efectuarse debido a que sus salarios no exceden de 56 Unidades de Fomento, conforme lo dispone el artículo 57 del Código del Trabajo.
Considerando que el embargo se efectuará mensualmente hasta completar la cifra de $ 8,5 millones, la mayor empresa minera del mundo decidió implementar "de forma excepcional y por única vez" un mecanismo de apoyo financiero para los afectados que comprobaran su estado de vulnerabilidad social, que contemplaba un crédito de $ 6,5 millones, sin intereses, a pagarse en 65 cuotas sucesivas de $ 100 mil.
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