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REGÍSTRATE AQUÍEl magistrado de la 13° Corte Penal de Curitiba incluso suena como un potencial candidato para la presidencia del país.
Por: Ainhoa Murga
Publicado: Viernes 18 de marzo de 2016 a las 04:00 hrs.
Desde su tribunal, la 13° Corte Penal Federal de Curitiba, el juez Sergio Moro investiga desde 2014 el mayor caso de corrupción de la historia de Brasil, el esquema de lavado de dinero por US$ 3 mil millones a través de la petrolera estatal Petrobras que implica a la élite empresarial y política del país.
Bajo su mando están dos de los procesos abiertos contra Luiz Inacio Lula da Silva. Tras sorprender con una orden de detención e interrogatorio contra el ex mandatario a principios de marzo, sus abogados han concentrado sus esfuerzos en evitar que los casos caigan bajo su jurisdicción.
El miércoles, alrededor de las 11:30 am, la presidenta Dilma Rousseff llamó a Lula. El propósito era informarle que le iba a enviar la designación ministerial, una jugada que podría evitar su arresto. Pero en la conversación también quedó claro que Rousseff preparaba una movida contra el juez. Anticipando que se venía una operación política en su contra, el magistrado decidió actuar, consciente de que se estaba jugando el todo por el todo en el caso.
Por esta razón, decidió levantar el secreto de sumario y entregar los audios de las escuchas telefónicas a la prensa. “Los gobernados tienen derecho a saber lo que hacen sus gobernantes”, fue su explicación.
A medida que el contenido de las grabaciones empezaba a conocerse, la indignación de los brasileños iba en aumento, y en un hecho inédito, en forma espontánea, miles de ellos comenzaron a salir a las calles para protestar en las principales ciudades del país. Y en medio de las marchas, un nombre resonaba entre los cantos de los manifestantes: “Moro, Moro, Moro”. El juez se ha convertido así en el símbolo de la mayor campaña contra la corrupción en la historia del país. Aunque la crisis política amenaza paralizar a la nación, muchos creen que este será un punto de refundación de Brasil. Y el nombre de Moro incluso suena como un posible candidato a suceder a la presidenta Rousseff.
Viejo conocido
Moro nació en Mandigá, una ciudad del estado de Paraná, en 1972, donde se graduó en Derecho. Después pasó por Harvard, donde se especializó en prevención y combate al lavado de dinero, análisis de crímenes financieros y en delitos cometidos por grupos criminales organizados, llegando a ser uno de los expertos más reputados en estas materias en Brasil.
En los círculos judiciales, Moro lleva años destacando por su lucha contra el lavado de dinero. En 2005 colaboró con la jueza Rosa Weber, actual magistrada del Supremo Tribunal Federal, en un caso que ya entonces hizo tambalear al gobierno del entonces presidente Lula, al probar que varios legisladores recibían sobornos de forma periódica para apoyar iniciativas legislativas del Ejecutivo.
Además de su labor de juez, es profesor adjunto de Derecho Procesal Penal en la Universidad Federal de Paraná. Los analistas destacan además que cuenta con un sólido equipo de jóvenes abogados expertos en lavado de dinero especializados en las mejores universidades.
Movimiento político
En la resaca de las filtraciones, los críticos han acusado a Moro de realizar un movimiento político con la filtración de la conversación entre Lula y Rousseff. Para el juez, era una cuestión de “interés público”. “Ni el mismo mandatario supremo de la República tiene un privilegio absoluto en el resguardo de las comunicaciones”, afirmó.
Rousseff aseguró que es una afrenta a la Constitución que pone en jaque la estabilidad social con “información que no es verdadera”.
A inicios de mes, en una entrevista con DF Regiones, el empresario turístico-inmobiliario Humberto Ríos señaló su interés en ubicar su ansiado proyecto "Villa Agustina", un gran centro residencial para adultos mayores, en la capital de la provincia de Elqui, comentarios que de inmediato encontraton acogida en el edil, quien a través de este medio buscó contactarse con el dueño del holding.
Ofrecerá financiamientos de entre US$ 500 mil a más US$ 20 millones para clubes, ligas y federaciones, respaldados en contratos de derechos televisivos, patrocinios y transferencia de jugadores.
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