A casi dos meses de que se diera a conocer la denominada “Operación Tokio”, investigación encabezada por el Ministerio Público que reveló una red de lavado de activos ligada al Tren de Aragua y que logró movilizar cerca de $ 75 mil millones al exterior, los actores del sistema financiero chileno siguen sacando lecciones de lo ocurrido.
Para el líder de riesgo y regulación financiera de Deloitte, Franco Rizza, “el sistema financiero local está a la altura en materia de prevención de lavado de activos”, aunque hizo un llamado a seguir invirtiendo en esta materia considerando la evolución del crimen organizado y su relación con el sistema financiero.
Rizza señaló que, según estimaciones de la consultora, a nivel global la banca destina cerca de US$ 200 mil millones a la prevención del lavado de activos. En Sudamérica la industria destinaría cerca de US$ 15 mil millones. Mientras que, en Chile, Deloitte calcula que la inversión en este ítem alcanza entre US$ 300 millones y US$ 400 millones al año.
Tras conocer los antecedentes expuestos por el Ministerio Público en su investigación y los montos involucrados, Rizza indicó a DF que es probable que los bancos chilenos redoblen sus esfuerzos e inversiones en este ítem, en especial, los modelos de prevención de lavado de activos.
“No tengo la menor duda de que el sistema financiero local está a la altura en materia de prevención de lavado de activos”.
Desafíos pendientes
Al ser consultado sobre si alguna institución falló en el mencionado caso, planteó que “por el lado de los sistemas de prevención de los bancos no veo fallas, sobre la Unidad de Análisis Financiero (UAF) tampoco me atrevo a decir que hay una falla, pero sí existen desafíos para la industria”.
A su juicio, uno de los principales cambios que requiere la industria es una modificación a la ley que creó a la UAF a comienzos de los ‘2000.
“En esa época no había banca digital, ni transferencias online, el mundo era otro, tenía cierto sentido pensar en no liberar cierta información que pueda perjudicar una investigación, pero el mundo cambió”, afirmó.
En ese sentido, Rizza propuso que los emisores de los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) puedan recibir retroalimentación por parte de la UAF, algo que hoy no ocurre.
“No hay un mecanismo donde te estés retroalimentando constantemente”, afirmó.
Como segundo desafío, que para Rizza no necesariamente requiere una modificación legal, sino una mayor colaboración público-privada, planteó la necesidad de establecer un canal permanente de intercambio de información entre el Ministerio Público, la UAF y las entidades del sector privado.
“No sirve de nada decir que ‘yo tengo un nivel de robustez gigante’ si después (el crimen organizado) va a entrar por una billetera virtual o un banco más débil”, aseguro.
Un tercer aspecto que debería fortalecerse es el trabajo conjunto entre las instituciones financieras, idealmente con la venía de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) o la UAF.
“Que el sistema financiero trabaje junto y ojalá con intermedio del regulador o la UAF”, propuso.
El experto indicó que, si estableciera un mayor trabajo en conjunto con los reguladores, las entidades financieras podrían, por ejemplo, monitorear de mejor manera la cantidad de cuentas corrientes que aperturan posibles delincuentes para el ejercicio del crimen organizado y la utilización del sistema financiero para su éxito.
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Sofía Fuentes
