La detención de empleados bancarios acusados de tener vínculos con la organización criminal venezolana Tren de Aragua reavivó el debate sobre las normas de secreto bancario de Chile, consideradas entre las más estrictas del mundo.
Los fiscales alegan que un empleado de Santander Chile, filial de Banco Santander SA de España, desempeñó un papel central en una red de lavado de dinero de US$85 millones que movió fondos a través de cuentas en casi todos los principales bancos del país. Un segundo sospechoso trabajaba en BancoEstado, dijo el fiscal a cargo de la investigación al canal de noticias 24 Horas el domingo por la noche.
La operación pasó inadvertida durante años. La policía ha señalado que su investigación no está centrada en un banco específico.
La investigación sobre las transacciones del Tren de Aragua, conocida como “Operación Tokio”, ya ha derivado en múltiples arrestos. El domingo, 17 personas fueron formalizadas por lavado de dinero y otros delitos. La filial chilena de Santander no está siendo investigada, ya que las actividades en cuestión no se realizaron a través del banco, afirmó Héctor Barros, fiscal regional de la Región Metropolitana Sur. Según explicó, el empleado mantenía múltiples cuentas en distintas instituciones financieras y realizaba las operaciones mediante esas cuentas.
Santander Chile afirmó que está cooperando con la investigación policial y que mantiene una “política de tolerancia cero” frente a cualquier conducta ilícita. BancoEstado no comentó de inmediato.
El aumento del crimen organizado en Chile está presionando al nuevo presidente de derecha, José Antonio Kast, y a sus aliados para flexibilizar las normas de secreto bancario, tradicionalmente defendidas por los sectores conservadores como una protección frente a la intromisión estatal. A medida que bandas internacionales como el Tren de Aragua penetran en la economía, los políticos están reconsiderando el equilibrio entre privacidad y seguridad.
“Sería más sencillo investigar estos delitos si la Fiscalía pudiera, sin autorización judicial, revisar las cuentas de cualquier persona”, dijo el fiscal nacional Ángel Valencia el miércoles. “Del mismo modo como se solicita un certificado de nacimiento o de matrimonio, también revisar qué es lo que hace cualquier persona con su dinero”.
Chile tiene uno de los regímenes de secreto bancario más restrictivos entre los 38 miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). La ley, promulgada en 1986 durante la dictadura de Augusto Pinochet, exige que las autoridades obtengan autorización judicial para acceder a registros bancarios.
La OCDE ha instado a Chile a ampliar el acceso a datos financieros en investigaciones de corrupción y lavado de dinero.
Estancamiento político
Un proyecto de ley presentado por el gobierno del expresidente Gabriel Boric en 2023 buscaba reforzar la lucha contra el crimen organizado mediante la creación de un Sistema de Inteligencia Económica y la ampliación de las facultades de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), dependiente del Ministerio de Hacienda. La propuesta permitiría a la UAF acceder a determinada información bancaria sin autorización judicial previa en casos vinculados a investigaciones de crimen organizado y lavado de dinero.
Más de tres años después, la iniciativa sigue en debate. Sus críticos, en su mayoría legisladores de derecha, sostienen que otorgaría poderes excesivos al Estado.
Una votación en el Senado sobre la disposición que permitiría a la UAF solicitar información directamente a los bancos fue aplazada el miércoles tras dos empates consecutivos. Los legisladores aún no logran consenso sobre las condiciones bajo las cuales la UAF podría requerir esos antecedentes.
“No hay nadie que tenga acá que ocultar ni que esté dispuesto a defender a los narcotraficantes”, dijo el senador conservador y aliado de Kast, Rodolfo Carter, durante la sesión del miércoles. “Simplemente tenemos visiones distintas de cuánto poder debe tener el Estado”.
El ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, afirmó el jueves que su cartera prepara una propuesta que podría tomar la forma de un nuevo proyecto de ley o de modificaciones a iniciativas que ya están en discusión.
Sin embargo, legisladores de la oposición están subrayando la urgencia de la situación, tres años después de la presentación original del proyecto.
“Hoy ya tenemos a un ejecutivo de la banca involucrado y eso nos llama a actualizar nuestras normas”, dijo la senadora Beatriz Sánchez, integrante del partido opositor Frente Amplio, durante una sesión la semana pasada. “Aún seguimos pendientes en este tema”.
Tomar medidas
En un informe de 2021, la OCDE señaló que los requisitos de Chile para levantar el secreto bancario son “muy engorrosos”. Agregó que representan un problema particular para investigaciones relacionadas con “corrupción pública o delitos de cuello blanco”.
El informe fue publicado después de una serie de escándalos de corrupción de alto perfil que afectaron la reputación del conglomerado financiero Grupo Penta y de la productora de litio SQM.
Los investigadores de los casos de financiamiento político vinculados a Penta y SQM argumentaron que el acceso a registros financieros era esencial para rastrear flujos de dinero ilícito.
En el caso Penta, los fundadores Carlos Délano y Carlos Lavín fueron condenados por delitos tributarios relacionados con aportes políticos no declarados realizados mediante facturas falsas, principalmente a legisladores de derecha. SQM enfrentó acusaciones similares que involucraban a políticos de distintos sectores. El juicio terminó con 10 condenas, mientras que 132 acusados aceptaron salidas alternativas.
Aunque los tribunales finalmente autorizaron el acceso a los registros bancarios en ambas investigaciones, el proceso generó objeciones de abogados defensores y de algunas figuras políticas que argumentaban que levantar el secreto bancario amenazaba el derecho a la privacidad.
Los casos involucraron a élites políticas y económicas, lo que explica por qué el debate sobre el secreto bancario en Chile ha generado tanta controversia en los niveles más altos del poder. Ahora el foco se ha desplazado hacia el crimen organizado.
Es probable que la investigación impulse a los legisladores a avanzar con algún tipo de reforma.
“Le hemos dado vuelta y pensamos que hay formas inteligentes de a lo mejor mejorar nuestra legislación y colaborar más en ello”, dijo Quiroz el jueves. “Pero siempre manteniendo el principio de que la potestad última para el conocimiento del secreto bancario es siempre el Poder Judicial, con una orden judicial”.
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