La izquierda se ha propuesto reivindicar el octubrismo. El primer paso se lo ha encomendado al PNUD y su informe 2024 difundido recientemente con la presencia del Presidente Boric (quién incluso temerariamente lo ha relacionado con el caso Audios). El informe señala que Chile tiene dificultades para realizar cambios profundos que “desea o necesita”. Lo atribuye a relaciones disfuncionales entre la ciudadanía, las elites y los movimientos sociales. Culpables serían los liderazgos políticos y el gran empresariado por anteponer intereses electorales y económicos a las necesidades de la ciudadanía y por su falta de disposición a lograr acuerdos que favorezcan al país. Estos últimos serían, claro, los propuestos por el Gobierno de Boric.
No hay una reflexión seria sobre la falta de crecimiento económico o los defectos del sistema político. Su metodología combina fuentes, cuantitativas, cualitativas y estudios ad hoc. ¿Cómo ponderan las distintas fuentes para llegar a sus conclusiones? No sabemos. Hay un sesgo de construcción en las muestras. En la muestra de la elite, 46,7% se auto identificó con izquierda o centro izquierda y solo 30,7% con derecha o centro derecha. Eso no se corresponde con otros instrumentos de medición en Chile.
El informe, sujeto al marco normativo definido por la ONU, habla del estancamiento generado por el desarrollo desigual (no hay fundamento para esa supuesta causalidad).
Hay una mirada crítica al rol de los empresarios y el mercado, contradictoria con los datos generados por el propio PNUD: así, pese a que en sus encuestas la gente opina que la mayor dificultad para llegar a acuerdos proviene de liderazgos políticos (34%) y solo un 7% de grandes empresarios, el texto señala que “las personas atribuyen el estancamiento y deterioro que perciben a los liderazgos políticos y al gran empresariado”. Es evidente el intento de enfrentar a un pueblo virtuoso con una elite culpable. La mirada hacia el Estado en cambio es complaciente, como si no hubiera listas de espera en la salud pública.
El texto “villaniza” al empresariado en varios pasajes. Afirma que “las elites resisten activamente los cambios que podrían beneficiar a la sociedad si contravienen sus intereses económicos y políticos”. Y señala que “forma parte de este escenario la creciente estrategia de sacar activos del país para presionar por el abandono de reformas que puedan oponerse a sus intereses”, aludiendo a salidas de capitales durante el proceso constituyente. Es obvio que salidas de capitales no son formas de presionar ni tienen motivaciones políticas, sino comportamientos esperables en una economía abierta ante escenarios de mayor incertidumbre.
Otra inconsistencia es la afirmación de que las personas “desean cambios en materia de seguridad, desigualdad de ingresos y acceso a la salud”. En la tabla sobre desigualdad, entre 9 mencionadas, la desigualdad de ingresos es la que tiene menor importancia.
Por último, respecto a las posibilidades de un nuevo estallido se dice que la frustración hacia la política se deriva de sus dificultades para conducir demandas ciudadanas, del fracaso de los proyectos constitucionales o de la dilación de reformas fundamentales para la ciudadanía. Ello sin datos para sostenerlo.
Se ha confeccionado así un traje a la medida para el intento del Gobierno de Boric de reinterpretar su fracaso político de hace dos años y negar el agotamiento del octubrismo. Burdo.
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