En un nuevo intento por reconfigurar la política comercial de EEUU, la administración de Donald Trump ha recurrido a la lucha contra el trabajo forzado como táctica para elevar aranceles. En marzo, la Oficina del Representante Comercial (USTR) abrió investigaciones bajo la Sección 301 de la Ley Comercial de 1974 a 60 economías. Los primeros resultados llegaron esta semana: un alza de aranceles de 12,5% para 46 países, incluido Chile, y de 10% para otros 14.
La medida aún no está en vigor y sigue sujeta a negociaciones y audiencias públicas. Pero confirma lo que ya anunció la Casa Blanca en febrero: las tarifas llegaron para quedarse.
La ley estadounidense impide que el Ejecutivo eleve tarifas de forma generalizada y permanente sin la aprobación del Congreso, de ahí el veto de la Corte Suprema, el 20 de febrero, a las denominadas tarifas recíprocas, que Trump instauró en abril de 2025.
De inmediato, la Casa Blanca anunció que buscaría otras vías. El alza de aranceles es uno de los pilares del programa económico de Trump: una vía para aumentar ingresos fiscales y, al mismo tiempo, la respuesta a la idea (fija en el movimiento MAGA) de que otros países crecen a costa del detrimento comercial de EEUU.
Estas son siete claves para entender la nueva estrategia arancelaria:
1. Intento de blindaje legal
La Sección 301 faculta a la USTR para adoptar medidas “para eliminar cualquier acto, política o práctica de un país extranjero” que sea “injustificable” y suponga una carga para el comercio estadounidense. El representante comercial, Jamieson Greer, afirmó que es “irrazonable” que los socios comerciales no hagan esfuerzos suficientes contra el trabajo forzado y, como resultado, “los trabajadores estadounidenses se ven obligados a competir en condiciones de desigualdad”.
Trump ya usó la sección 301 contra China en su primer mandato, acusándola de robo de propiedad intelectual. Se la considera una figura legal más sólida que la autoridad de emergencia (IEEPA) a la que se acogió para las tarifas recíprocas, y que rechazó la Corte Suprema. La imposición de medidas bajo la Sección 301 requiere audiencias públicas.
Aun así, hay cuestionamientos. Alan Wolff, abogado y exdirector general adjunto de la OMC, sostiene en un análisis para el Peterson Institute que los nuevos aranceles “difícilmente sobrevivirán a la revisión judicial”. Wolff apunta a que la ley fue redactada para responder a las prácticas de un país, en singular. Los tribunales podrían ver su aplicación simultánea a 60 países como un intento por reinstaurar un alza generalizada de aranceles, potestad del Congreso.
2. La figura del trabajo forzado
El argumento es éticamente difícil de rebatir. Según la Organización Mundial del Trabajo, unos 27,6 millones de personas viven bajo condiciones de trabajo forzado. La USTR sostiene que EEUU realiza un escrutinio intensivo para evitar que esos productos ingresen a su mercado y acusa que las legislaciones de otros países son débiles o no se hacen cumplir. Pero Walk Free asegura que ningún país del G20, tampoco EEUU, hace lo suficiente. En EEUU se habrían denunciado 21.865 víctimas de esclavitud moderna, principalmente en trabajo doméstico, hostelería, construcción y agricultura.
3. Apuntando a China
El detalle de los cargos que la USTR formula revela otro objetivo: reducir el comercio de terceros países con China. Por ejemplo, el análisis señala que Chile importa insumos fabricados con trabajo forzado —en su mayoría chinos— en detrimento de productos estadounidenses o para procesarlos en productos que exporta a EEUU. En el primer grupo destaca el algodón adquirido a China; en el segundo, aluminio, algodón, aceite de palma, maní y polisilicio.
El Ministerio de Asuntos Exteriores de China ha rechazado las acusaciones de producción con trabajo forzado y asegura que la investigación y conclusiones de EEUU son un “pretexto” y una “manipulación política”.
4. Mantener la tarifa promedio
Pese al ruido de la nueva propuesta, el nivel arancelario general apenas se mueve. El fallo de la Corte redujo la carga arancelaria de 14,9% a 8,2%, según la Tax Foundation. El nivel subió nuevamente a 11,2% cuando la Casa Blanca anunció un arancel temporal de 10% (sección 122), mientras elaboraba su estrategia para aplicar la sección 301. Ese arancel vence en julio. Global Trade Alert calcula que las nuevas tarifas dejarían el promedio en 11%, porque, aunque abarcan a 60 economías, hay exenciones.
5. Más preocupación por la inflación
La Casa Blanca —a meses de una elección legislativa— parece más preocupada por la inflación. El alza propuesta por la USTR deja fuera materias primas como energía, tierras raras y ciertos minerales críticos, fármacos, aeronaves, además de carne, café y algunas frutas. También excluye productos bajo otros aranceles (sección 232), como acero, aluminio, cobre, madera y automóviles, que han impactado en los costos de construcción y manufacturas. Según la Tax Foundation, los aranceles de 2025 representan un alza tributaria promedio de US$1.000 por hogar.
6. Trabajo en construcción
En paralelo, la USTR investiga desde marzo a 16 economías -entre ellas China, la Unión Europea, México, Japón, Corea e India- por “exceso de capacidad estructural en manufactura”. Y siguen abiertos otros frentes: se espera que la administración eleve el contenido estadounidense exigido a los automóviles e imponga aranceles de hasta 100% a ciertos fármacos.
7. Lo que viene
A diferencia de las derogadas tarifas recíprocas, la Sección 301 obliga a audiencias públicas: los comentarios escritos cierran el 6 de julio y la audiencia pública está programada para el 7 de julio. Luego no hay plazo para un fallo final. Sin embargo, el arancel temporal de 10% bajo la Sección 122 expira el 24 de julio, y la USTR buscará imponer los nuevos aranceles antes para reemplazarlo. 
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Marcela Vélez-Plickert
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