La empresa energética argentina IMPSA ha avanzado en la renegociación de un contrato para desarrollar y rehabilitar dos proyectos hidroeléctricos clave en Venezuela que podrían añadir hasta 672 megavatios de capacidad de generación en los próximos meses, dijo a Reuters el presidente de la empresa, Jorge Salcedo.
Un contrato firmado por IMPSA -originalmente una empresa estatal argentina, ahora propiedad del consorcio Fondo de Adquisiciones Industriales (IAF), con sede en Estados Unidos- y la empresa eléctrica venezolana Corpoelec hace más de una década no se ha ejecutado debido a problemas de pago y sanciones estadounidenses.
El acuerdo, respaldado por bancos como CAF -banco de desarrollo de América Latina y el Caribe-, dejó equipos fabricados por IMPSA almacenados en la provincia argentina de Mendoza.
En virtud de una licencia estadounidense otorgada este año, IMPSA está tramitando la firma de un anexo contractual con Corpoelec para la exportación e instalación de turbinas y equipos, lo que permitiría inaugurar dos unidades de generación del proyecto hidroeléctrico Tocoma y rehabilitar tres unidades separadas del proyecto Macagua, ambas en la región sur.
"Estamos buscando llegar a un acuerdo definitivo de fases de entrega de estas unidades y de pagos, etc. Y estamos 90% ya acordada la parte técnica y financiera", dijo Salcedo en una entrevista a última hora del lunes.
Casi el 60% de todo el equipamiento para el proyecto Tocoma -que busca añadir más de 2.000 MW de capacidad mediante 10 unidades de generación en total- está fabricado, por lo que se prevé que completar las dos primeras fases lleve entre 14 y 19 meses.
En cuanto a Macagua, las dos primeras unidades de 80 MW cada una podrían volver a entrar en servicio en un plazo de 90 a 100 días tras la firma de la extensión contractual, añadió.
Dado que los equipos, que fueron inspeccionados recientemente por funcionarios venezolanos, están disponibles, el contrato podría propiciar la primera ampliación de capacidad de la red eléctrica de Venezuela, que actualmente opera con déficit, provocando frecuentes cortes de energía y racionamiento.
El Ministerio de Energía Eléctrica de Venezuela no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.
Washington impulsa un plan de reconstrucción energética de US$ 100.000 millones para Venezuela, pero el profundo deterioro de la red eléctrica del país, que opera a una fracción de su capacidad, se considera un obstáculo importante para el progreso.
La semana pasada, la Asamblea Nacional aprobó en primera discusión una reforma de la ley eléctrica del país y se espera una votación definitiva próximamente.
Mientras tanto, Caracas y Washington están en conversaciones -con participación de bancos y potenciales proveedores- sobre cómo liberar fondos venezolanos retenidos en cuentas en el extranjero para financiar los proyectos eléctricos más urgentes, dijeron fuentes cercanas a las negociaciones.
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