A la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, la llegada de Delcy Rodríguez al poder de forma interina y la apertura a compañías petroleras, se suman ahora nuevas medidas para el sector eléctrico en Venezuela. Recientemente, la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de reforma a la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico que busca impulsar la inversión privada en una industria afectada por frecuentes cortes de suministro, especialmente fuera de Caracas.
La iniciativa permitirá a las empresas generar, distribuir y comercializar energía bajo concesiones otorgadas por el Gobierno, tras más de 15 años de control estatal. En ese marco, los cambios propuestos contemplan la creación de empresas mixtas, en las que el Estado mantendría una participación mayoritaria del 50%, así como la entrada directa de privados en áreas críticas como la generación, transmisión, distribución y comercialización de energía.
Asimismo, las operaciones privadas estarían sujetas a un régimen de supervisión pública y corresponsabilidad penal para las operadoras.
Por otro lado, se establecería un esquema tarifario ajustado a los costos reales que garantice una rentabilidad razonable para los inversionistas, siempre vinculada a criterios de eficiencia. La ley también obligaría a las empresas a compensar económicamente a los ciudadanos por los daños ocasionados por fallas en el servicio o deficiencias en su calidad.
Pese a ello, expertos advierten que los cambios son insuficientes para atraer inversiones de gran escala y cuestionan que la reforma no entregue certezas sobre la estabilidad de las concesiones, los incentivos para los operadores ni los mecanismos de fijación de tarifas.
Para Miguel Lara, experto en energía e ingeniero que durante tres décadas trabajó en la oficina encargada de coordinar la operación y planificación del sistema eléctrico venezolano, los cambios propuestos distan de representar una apertura profunda del sector.
Según explicó, el proyecto mantiene un esquema basado en concesiones otorgadas por el Estado, lo que limita la capacidad de los inversionistas para desarrollar proyectos de largo plazo.
“Van a dar en concesión algún área para operar y después, al cabo de un tiempo, eso se revertirá para el Estado. No es una apertura total a que un capital privado venga y se establezca por un tiempo indefinido, es todo limitado”, afirmó.
En esa misma línea, señaló que las condiciones establecidas en la reforma generan más interrogantes que certezas para potenciales inversionistas. Y es que aunque el proyecto contempla la posibilidad de otorgar incentivos a los operadores privados, no especifica cuáles serían ni bajo qué condiciones podrían acceder a ellos.
“Esto ha sido crear falsas expectativas a la sociedad, más que nada es un cierto relajamiento. No es una medida atractiva para algún inversionista, porque el cambio es muy superficial y no le deja pautas claras, no le deja estabilidad en el tiempo”, enfatizó.
De acuerdo con Lara, la reforma tampoco resolverá la crisis eléctrica que aqueja al país, ya que esta “obedece a un modelo de gestión donde prevalecen las decisiones políticas sobre las acciones y las decisiones gerenciales”.
Según la Vicepresidencia Sectorial de Obras Públicas y Servicios, el sistema lucha por cubrir un déficit crítico, en medio de una demanda que ya alcanza los 15.570 megavatios (MW), la más alta en nueve años.
Mientras la producción se estima en unos 12.000 megawatts -cifra que en 2019 alcanzaba los 20.000 megawatts-, el consumo nacional asciende a los 14.000 MW.
“Como el modelo de gestión es inherente a la ideología que está en funciones de poder, tiene que haber un cambio político positivo”, sostuvo Lara.
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