La muerte de Camilo Catrillanca el pasado miércoles en La Araucanía –con todos los desafortunados episodios ocurridos en los días posteriores– ha generado la crisis política de mayor gravedad en estos primeros ocho meses de gobierno. Golpea en una zona sensible para todas las administraciones, pero en particular para la actual, que tempranamente puso fichas en la región, desde al menos dos distintos ángulos. Fue el propio presidente Piñera el que apostó por el control del orden público y la seguridad en la zona, una línea que tiene alta adhesión local, según las mediciones del gobierno (lo que hacen entender las declaraciones en esta línea del senador Felipe Kast). Pero el diseño político contemplaba un segundo elemento central: el Acuerdo Nacional por el Desarrollo y la Paz en La Araucanía, el plan liderado por el ministro Alfredo Moreno que busca soluciones para la región más pobre del país –tiene un 17,2% de pobreza por ingreso, mientras que promedio nacional es de 8,6%– y que propone un reconocimiento constitucional a los pueblos indígenas.
Es, probablemente, la mayor dificultad que enfrenta por estos días el gobierno. En la región que porcentualmente mejor le fue a Piñera en la segunda vuelta presidencial, que lo apoyó en un 62% con el compromiso de campaña de controlar los atentados y mayor presencia policial, ¿cómo no frustrar a los ciudadanos que le dieron el sufragio y, al mismo tiempo, intentar que el plan Araucanía no se vaya por la borda? Porque el tema de la seguridad es crucial para la administración –parte de su relato–, pero es en el Plan Araucanía donde el mandatario y el gobierno en su conjunto se juegan asuntos relevantes. Su paso a la historia como la administración que pacificó una zona en conflicto y le dio un impulso al desarrollo con el acuerdo de distintos sectores, por cierto, pero incluso la sucesión…
El gobierno tiene un problema importante con Carabineros. El propio Hermes Soto había negado la existencia de videos, pero con los efectivos arrinconados por la Fiscalía y por la propia confesión del testigo de 15 años que acompañaba a Catrillanca en el tractor, el general director reconoce la destrucción de las pruebas. Sacaron a un general y a otros cuatro carabineros de distinto grado –la institución recibe un fuerte castigo, aunque algunos sectores lo consideren insuficiente–, pero el conflicto para el Ejecutivo se mantiene: no se puede confiar en Hermes Soto. ¿Es el general director el que miente o son sus subordinados los que le mienten a él, lo que mostraría una total falta de control? Sea como fuere, en una historia aún en desarrollo –seguimos sin saber lo que pasó, aunque lo sospechamos–, Piñera deberá decidir si corta o no más cabezas en la institución. Vendría otra dificultad: ¿existen nombres para reemplazar a Soto? ¿Tiene alternativas en el actual alto mando, que fue recientemente renovado?
Respecto de las responsabilidades políticas que pide la oposición y las redes sociales, parece altamente improbable –por no decir imposible– que por este episodio caiga el ministro del Interior. A no ser que este caso se desboque definitivamente que termine en la crisis política que generó el movimiento estudiantil en 2011, por ejemplo.
Es cierto que los ministros del Interior son una especie de fusible, pero en este caso se trata de la mano derecha de Piñera.
Un asunto distinto, sin embargo -aunque hasta el cierre de esta edición no había novedades-, es la caída del intendente Luis Mayol: injustificadamente duro en sus declaraciones y hasta incontrolable para el gobierno central, se encuentra debilitado y es un serio candidato a salir de su cargo en medio de la crisis. La pregunta es ¿cuándo? El Ejecutivo necesita descomprimir de alguna manera y, de paso, proteger a Chadwick.
Para Piñera todo este episodio es especialmente delicado: la muerte de Catrillanca y toda la crisis posterior lo encontró en el extranjero –en una gira que perdió todo atractivo porque La Araucanía le comió la agenda– y alcanzó a su hombre de mayor confianza dentro de su administración, que enfrenta peticiones de renuncia.
En el gobierno se destaca la reacción: en 72 horas se entregaron antecedentes a la Fiscalía, se cuenta con dos persecutores dedicados al caso –uno por la muerte de Catrillanca y otro por el robo a las profesoras–, se aceptó la renuncia de un general de zona y de un coronel, se dio de baja a cuatro carabineros por el tema de la destrucción de la tarjeta de memoria de la cámara y por haber mentido en cuanto a que no portaban sus GoPro…
La Moneda busca marcar un punto: la diferencia entre el anterior gobierno y el actual para enfrentar las crisis con Carabineros. Pero mientras se observa qué fusible salta y cuándo, parece inevitable que el propio presidente vaya a sufrir prontas consecuencias en su popularidad. Justamente cuando la economía y el empleo no acompañan precisamente al jefe de Estado.
En estas circunstancias, para algunos sería lógica la desmilitarización de La Araucanía: sacar a carabineros y su contingente, pese a que fue el propio Piñera el que puso parte de su capital político en la presentación del Comando Jungla (un nombre que hoy le pesa demasiado al gobierno y que intenta enterrar). Pero no parece posible y es la dificultad de salir de este embrollo: La Moneda no puede renunciar a su agenda de orden público y la seguridad, como tampoco a la ambición de lograr avances sustanciales a través del Plan Araucanía, actualmente en peligro. Es el jaque mate en el que se encuentra Piñera y los suyos…
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