Ayer en el Senado se dio cuenta de uno de los principales proyectos en pos de la modernización del Estado impulsada por el presidente Sebastián Piñera durante su campaña: la transformación digital.
La iniciativa establece las bases de los procedimientos administrativos, en materia de documentos electrónicos, con el cual se intentará obligar a que distintos trámites puedan ser realizados de manera digital y en reducidas excepciones en formato papel.
A pesar que las pasadas administraciones han promovido una agenda digital, según cifras del Ejecutivo, “hoy aproximadamente el 50% de los trámites del Gobierno Central se pueden hacer digitalmente”.
De esta manera, el proyecto plantea que los ciudadanos puedan presentar “solicitudes en línea, seguir la tramitación de los procedimientos iniciados desde plataformas electrónicas, obtener copias en línea, así como recibir notificaciones electrónicas por parte del Estado”.
Sin embargo, la normativa también considera que estas medidas están diseñadas para la gran parte de la población que cuenta con conocimientos y medios electrónicos y que, por tanto, se harán excepciones para los sectores cuya “resistencia a este cambio profundo fuere razonable y justificado atendida sus circunstancias”.
Del documento también se contempla el inicio de una nueva era de trámites online, por lo que considera que “no es suficiente con dar esa facultad como hoy lo permite la Ley N° 19.880”, sino que ello constituirá “un deber”.
En este sentido, se busca cambiar la regla general, de forma que “los actos administrativos nazcan a la vida del derecho como documentos digitales firmados electrónicamente”.
Mientras que para agilizar la burocracia en sus distintos aspectos al interior del Estado, se espera que con esta legislación el Estado “se relacione internamente a través de comunicaciones en formato electrónico”, para así dejar de lado demoras por envío y el uso de documentación impresa.
El mayor gasto fiscal que represente la aplicación de esta ley durante su primer año presupuestario de vigencia, se financiará con reasignaciones del Ministerio de Hacienda. En los años siguientes se estará a lo que considere la Ley de Presupuestos respectiva.
Las cifras de la burocracia
De acuerdo con estimaciones oficiales del gobierno, se gastan anualmente US$ 108 millones en papel de impresión, fotocopiado, impresión de carpetas, archivadores, bodegaje de documentos y envío de cartas certificadas.
Desde la misma fuente se señala que entre 30% y 50% del tiempo de los funcionarios estatales se utiliza en gestión de papeles, su búsqueda, clasificación, traslado y gestión.
El costo medido en remuneraciones de este segmento es de US$ 1.000 millones al año.
En su totalidad, los servicios públicos emiten cerca de 75 millones de certificados al año. De ese total, 70 millones son derivados de 15 certificados y se estima que 30% de esos trámites se pueden obtenerse de forma presencial.
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