Los notarios han generado una red casi permanente en el Congreso para resguardar sus intereses a la hora de legislar. De ahí que no se entienda del todo el optimismo que se ha expresado desde el Ministerio de Justicia en torno a la certeza de que la reforma al sistema notarial del actual gobierno podría concretarse, aunque esa mirada sea compartida en la Comisión de Constitución de la Cámara, incluso por parlamentarios de oposición.
Uno de los optimistas con reparos es el socialista Marcelo Díaz integrante de la Comisión de Constitución-, quien advierte de entrada que él no está dando audiencia a representantes de los notarios mientras dure la tramitación del proyecto que modifica el sistema registral y notarial en sus aspectos orgánicos y funcionales.
“Varios de los que estamos en la comisión hemos tomado la decisión de no aceptar ni un lobby. Por ejemplo, yo he rechazado cuatro invitaciones; les he rechazado todas las peticiones de lobby a los notarios y entiendo que hay varios más que lo han hecho así”, advierte el legislador.
Si bien declara no tener conocimiento acerca de que los notarios financien campañas políticas –como se comenta soterradamente en algunos ámbitos- , sí sostiene que “de que son fuertes lobistas, lo son; si muchos (parlamentarios) han participado en su designación, pues”.
Aunque la mayoría de los parlamentarios parece no compartir la radical postura de Díaz, lo concreto demuestra que de las 30 iniciativas ingresadas al Congreso, sólo cuatro fueron aprobadas. Las demás están en un lento y largo proceso de tramitación, pero en su mayoría (18) fueron archivados.
Los únicos proyectos que han visto la luz dicen relación con temas que no generan cambios estructurales a la función de los notarios. Por ejemplo, el de 1995, que prohíbe a los notarios autorizar contratos de promesas de compraventa de viviendas Serviu; o el de 2003, que hace aplicables las normas del Código del Trabajo al personal de conservadores de bienes raíces, notarías o archiveros, junto con el de 2010 que nuevamente modifica este código en la misma línea anterior; y, por último, el de 2014, que cambia el Código Orgánico de Tribunales para que puedan ser nominadas en cargos de juez o notarios personas discapacitadas.
“Jugarreta” del gobierno
Adicionalmente, luego que el gobierno ingresara la reforma al Congreso, el pasado 11 de septiembre, el lobby se incrementó especialmente enfocado en integrantes de la Comisión de Constitución, aunque no sólo en ellos.
Mientras que el presidente de la instancia, diputado Hugo Gutiérrez (PC), desdramatiza el lobby, asegurando no sólo que está regulado, sino que tiene la convicción de que “todo gremio se moviliza por sus intereses y hay que aceptar que eso es así. El lobby está reglamentado” sentencia, por lo que discrepa con quienes buscan demonizarlo.
El legislador comparte con el Ejecutivo el optimismo sobre sacar adelante la reforma al sistema de notarios: “La propuesta del gobierno nos parece interesante, novedosa y bastante pertinente”, dice.
No obstante, Gutiérrez aprovecha la ocasión para plantear la incongruencia en que, a su juicio, estaría cayendo el Ejecutivo al ponerle discusión inmediata al proyecto que “modifica la ley N° 19.799 sobre documentos electrónicos, firma electrónica y servicios de certificación de dicha firma y otros textos legales que indica” (ver recuadro) , ya que, en opinión del diputado, “por un lado, parece una ‘jugarreta del gobierno’ que nos haga discutir una reforma al sistema registral, cuando a través de la firma electrónica está convirtiendo en letra muerta todas las escrituras públicas”.
En todo caso, aunque no fue él directamente, Gutiérrez dice que se le hizo ver al ministro Gonzalo Blumel que “hay un contrasentido entre ambos proyectos”, pero aparentemente no lo consideró.
Tras seis años, se votará firma electrónica
Desde el 25 de julio de 2012 está en el Congreso el proyecto de ley que busca masificar el uso de la firma electrónica avanzada en Chile, el que busca permitir su uso para la suscripción de pagarés, en la compra de vehículos, la entrega de poderes, la validación de declaraciones juradas y todo tipo de documento que se firme entre privados. Y, en esa línea, la iniciativa genera competencia a las notarías a lo largo del país, ahorrando costo y tiempo en la gestión de documentos legales, fomentando la economía digital y fortaleciendo la seguridad jurídica.
Sin embargo, pese a que la iniciativa había logrado avanzar a segundo trámite en 2014, fue a partir de marzo último en que la iniciativa tuvo más movimiento legislativo. Así, el 11 de abril el Ejecutivo repuso su discusión e ingresó durante septiembre indicaciones a la iniciativa a fin de incorporar mecanismos de control de identidad más allá de los contemplados cuando se redactó el proyecto, en específico los sistemas electrónicos biométricos. Tras el visto bueno respectivo de la Comisión de Economía en octubre, el proyecto pasó con urgencia suma a la comisión de Hacienda en noviembre para ser despachado a Sala. Pero al día siguiente, la ofensiva del gobierno por la iniciativa fue incluso más allá y elevó a discusión inmediata la urgencia, obligando así a que la iniciativa fuese discutida y aprobada dentro de los próximo 6 días, plazo que vence hoy.
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