Pasar de la “política del garrote” a la de los incentivos. Ese es el foco que a juicio del economista Jorge Hermann, director de Hermann Consultores, debiera primar en la iniciativa que el Ejecutivo reformuló para impulsar un pago más pronto en el tiempo para las pequeñas y medianas empresas, y que hoy considera un plazo de dos años para llegar a 30 días de pago, tras las nuevas indicaciones ingresadas esta semana por el Ejecutivo.
De hecho, bajo su óptica, imponer plazos no es el mejor camino y pide al gobierno, entre otras cosas, conectar al Servicio de Impuestos Internos (SII) con el Centro de Compensación Automatizado (CCA), organismo que intermedia entre las entidades bancarias de las empresas a la hora de realizar pagos.
- ¿Cómo ve el diseño del proyecto frente a lo que hacen otros países?
- La experiencia europea es la mejor referencia: no es aconsejable rigidizar los plazos de pago por ley. Una evaluación de 2015 de la Comisión Europea mostró que la mayoría de las pymes conocían sus derechos, que no se les podía pagar más allá de 60 días, pero pocas lo hacían efectivo por dos razones: primero, por no perjudicar sus relaciones comerciales con los clientes; y segundo, porque no había un procedimiento eficaz de reparación para cobrar los intereses moratorios cuando se pasaba el plazo fijado por ley. Y eso va pasar también en Chile.
- ¿Cuál es la manera correcta de enfrentar el problema del pago a proveedores?
- La experiencia de aplicar el garrote ha demostrado no ser efectiva, por lo que hay que ir a los incentivos: que no se pueda emplear el IVA Crédito hasta no pagar la factura. En México lo están aplicando y aunque no hay una evaluación todavía porque está recién empezando, ese modelo tiene la gracia de que a través del SII se puede llevar un rastreo de cómo están pagando todos. Como las facturas son electrónicas, el SII puede mantener esa base de datos y eso va a incentivar a que las empresas a pagar lo más pronto posible sus facturas para poder usar este IVA.
- ¿Es razonable el plazo de 30 días de pago?
- Sí, el problema es que creo que esta ley, al fijar un plazo, se está inmiscuyendo de sobremanera en la libertad de emprender y en la forma de realizar los negocios entre privados. Por eso creo que es mejor un incentivo.
- ¿Esto puede tener riesgos para las propias PYME?
- Hay que tomar en cuenta que la PYME también le paga a otras PYME. Entre ellos también se provoca un problema ya que al fijar el plazo se genera un schock de liquidez (ver recuadro) y tienen que financiarlo. Recurrir a la deuda no es fácil, entonces les queda recurrir al capital propio pero la mayoría no tiene las espaldas para hacerlo. Una manera para ayudarlas es que la Corfo cree un programa de financiamiento de capital de trabajo con garantía estatal mientra se genera este proceso de acomodación.
- ¿Y dónde quedan los 30 días?
- El SII dijo que ellos podían tener un sistema de monitoreo, pero toparon en quién informaba del pago. Economía quería avanzar pero se encontró con un portazo del ministerio de Hacienda. Yo digo que el pagador grande informe a través del CCA, y que la PYME proveedora informe directo al Servicio de Impuestos Internos cuando la relación es entre PYME. Con la factura electrónica y la inteligencia artificial, que digan que esto hay que estudiarlo, es una burla.
Esto también hay que llevarlo al sistema de Chile Compra, bonificando a las empresas que paguen antes de 30 días con un puntaje adicional en las licitaciones del Estado.
Ajustar plazo costaría unos US$ 590 millones
Hermann calculó que el costo financiero de reducir el plazo de pago por ley a 30 días llegaría a US$ 590 millones en tres meses. Su estimación consideró el monto de las facturas gravadas y exentas de IVA correspondientes a ventas y servicios prestados, excluyendo las exportaciones y ventas con boleta, que quedarán fuera del proyecto.
El ejercicio consideró datos de la Bolsa de Productos que muestran, con cifras a junio, que el 73,3% de las facturas son canceladas después de 30 días. Del monto total, los datos muestran que un 33% del costo lo asumirán las propias PYME, y el 67% restante es carga de grandes empresas.
Por ello, cuestiona que ya no se contemple hacer el ajuste con gradualidad. "Si se quiere perseverar con esa idea, lo ideal sería que las empresas grandes tengan plazo de dos años y que las PYME sigan la propuesta original, de pasar de 60 a 45 y luego a 30", afirmó. "No estoy de acuerdo con quitar gradualidad, pero esto debiera al menos seguir el modelo con que se aplicó la factura electrónica", dijo.
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