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Publicado: Jueves 1 de septiembre de 2016 a las 04:00 hrs.
Recientemente, el SII informó ante la OCDE las acciones concretas realizadas para indagar sobre los datos obtenidos del caso “Panama Papers”. En el futuro, se incluirán a intermediarios que faciliten operaciones y a contribuyentes que incumplen con sus obligaciones tributarias respecto de bienes situados en el exterior o rentas de fuente extranjera, con especial foco en territorios o jurisdicciones que se caracterizan por la opacidad en la entrega de información.
Cabe recordar que Chile, junto a 97 países, ratificó la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, de cooperación internacional para la recaudación de impuestos con vistas a combatir la elusión y evasión, pero con respeto a los derechos fundamentales de los contribuyentes. Esto cubre el intercambio de información, fiscalizaciones simultáneas, asistencia en el cobro, etc. La información obtenida también puede ser adecuada a propósitos tales como la persecución de delitos financieros.
El 15 de julio, Panamá anunció su decisión de adherir al Convenio. En cuanto a refugios como BVI, Islas Caimán, Guernesey, etc., el Convenio les es aplicable por la adhesión del Reino Unido. Cabe señalar que ningún Estado podrá rechazar una solicitud de información a pretexto de invocar el secreto bancario. Tan solo se puede denegar información que vulnere el secreto comercial, empresarial, industrial o profesional; o cuando el requerimiento vulnere el orden público, entiéndase motivado por una persecución política o racial.
Todo lo anterior, sumado a los mayores niveles de transparencia y escrutinio que rigen el mundo luego del 11/9, producto de nuevas leyes norteamericanas con visos de extraterritorialidad, sumado a la voluntad de gobiernos necesitados de mayor recaudación para presionar a otras jurisdicciones o de pagar a informantes para que filtren información bancaria (caso Falciani), ha hecho que en la actualidad sea mucho más difícil y riesgoso ocultar dineros en paraísos tributarios.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.