Era un informe altamente esperado y no decepcionó.
La tarde de este martes, el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) entregó ante la comisión especial mixta de Presupuestos un nuevo informe de evaluación trimestral de la situación fiscal del país, el último que presenta el presidente de la entidad, Jorge Rodríguez Cabello (quien abandona el cargo el próximo 25 de mayo), y el primero que incorpora las medidas correctivas y de recortes de gasto por casi US$ 2.000 millones para este año que dio a conocer el Ministerio de Hacienda para revertir el incumplimiento de la meta presupuestaria en 2024.
En el texto, el Consejo subió incluso más el tono de alerta respecto a la situación de las finanzas públicas chilenas, hablando inclusive de un "punto de inflexión" en el deterioro de las arcas fiscales, planteando que la persistencia de déficit estructurales por varios años ha acercado la deuda bruta a su nivel prudente, "limitando el espacio de gasto público actual y futuro".
"El país enfrenta una situación de estrés fiscal prolongada, que nos lleva a un punto de inflexión, no sólo porque en 15 de los últimos 17 años ha registrado déficits estructurales, sino también, porque se observan dificultades para implementar medidas de ajuste del gasto público, o bien, de aumento de los ingresos estructurales, que permitan equilibrar las cuentas fiscales conforme a las metas de balance estructural (BE) autoimpuestas por el Ministerio de Hacienda", señaló Rodríguez en su presentación ante diputados y senadores.
Así, advirtió que hacia adelante aumenta la probabilidad de que se supere el nivel considerado prudente para la deuda pública, hoy situada en 45% del Producto Interno Bruto (PIB).
"De persistir el desequilibrio fiscal en las magnitudes de años recientes, se superará el nivel prudente de deuda en el corto plazo y el país podría enfrentar condiciones de financiamiento menos favorables, reduciendo aún más el espacio disponible para gastos prioritarios. La situación de estrés fiscal prolongada se refleja tanto en el acercamiento de la deuda a su nivel prudente, en las holguras negativas para el mediano plazo y en el hecho de que el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) se encuentre en un nivel muy inferior al que nos permitió enfrentar crisis en el pasado", expuso el Consejo, integrado también por su vicepresidente Hermann González y los consejeros Sebastián Izquierdo, Marcela Guzmán y Jeannette Von Wolfersdorff.
El organismo fue más allá y apuntó a que los "constantes desequilibrios" en el balance estructural, con gastos "persistentemente" por sobre los ingresos fiscales estructurales, evidencian que "no se ha estado cumpliendo uno de los principios básicos de responsabilidad fiscal, que es financiar gastos permanentes con ingresos permanentes".
"A ello, se suman importantes necesidades de financiamiento bajo la línea (por ejemplo, en educación y vivienda) las que tampoco han alcanzado a ser financiadas sólo por ingresos fiscales y también han contribuido a explicar el aumento sostenido que ha tenido la deuda pública. En esta materia, todavía no existe una adecuada transparencia, de manera tal que se pueda realizar un mejor monitoreo, rendición de cuentas y control", agregaron los consejeros.
Más explicaciones de Hacienda
La exposición de Rodríguez fue particularmente dura con el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres), en particular con las medidas correctivas que se dieron a conocer el mes pasado y el panorama financiero de largo plazo.
"Las proyecciones de gastos fiscales a mediano plazo requieren de mayor explicación por parte del Ejecutivo, en particular, respecto a la marcada reducción estimada de la inversión pública hacia 2029", señaló el presidente del CFA.
Adicionalmente, el CFA planteó que es "relevante" comprender los criterios utilizados por la Dipres para clasificar las distintas transacciones de activos financieros (bajo la línea) y gastos (sobre la línea), ya que una clasificación "poco rigurosa" puede afectar la capacidad del indicador de balance estructural para reflejar adecuadamente la situación de las finanzas públicas.
"Asimismo, persisten dudas sobre la contabilidad fiscal, ante la ausencia de reglas claras y la posible existencia de inconsistencias en el registro de ingresos y gastos. A este respecto, cabe notar que la Dipres ha anunciado al CFA que publicará un informe sobre la materia durante el primer semestre de este año", agregó el Consejo.
2027, año clave para poner límite a la deuda
El Consejo Fiscal calculó que entre 2008 y 2024, la deuda bruta y la deuda neta del Fisco chileno se incrementó en 37,7 y 44,7 puntos porcentuales (pp.), respectivamente, una tendencia que "no puede continuar para no superar el nivel prudente".
Incluso, el CFA planteó que tan temprano como el 2027 podría rebasarse el techo prudente de la deuda del Estado.
"No actuar con urgencia ante la situación descrita de estrés fiscal podría volverla insostenible en poco tiempo. En efecto, si se mantuviese una trayectoria de déficit estructural en torno al 2% del PIB, como el que proyecta la Dipres para 2025 en caso de que no se implementen las medidas correctivas legislativas -cifra similar al déficit promedio de déficit estructural de los últimos 17 años-, llevaría a que la deuda pública supere su nivel prudente tan pronto como en 2027", aseguraron los consejeros.
Recorte tardío de gasto y Presupuesto "poco realista"
El documento aborda las razones del incumplimiento de las metas de balance estructural tanto para el 2024 como para este año, planteando que habrían pocas justificaciones para el desvío. Cabe recordar que el año pasado el déficit estructural alcanzó un 3,3% del Producto, lo que contrasta con la meta de -1,9% que tenía Hacienda.
"El incumplimiento de la meta estructural de 2024 refleja una falta de ajuste oportuno del gasto y de corrección de las proyecciones de ingresos fiscales, que también incidió en la Ley de Presupuestos de 2025, lo que ha implicado que en el presente año se requieran recortes de gasto significativos para cumplir con la meta de BE, con la dificultad adicional de tener que realizarlos sobre un gasto ya aprobado", advirtió el CFA.
De hecho, el Consejo recalcó que pese a que el Gobierno redujo el gasto en US$ 800 millones el año pasado, aquello no alcanzó a revertir el desbalance fiscal, habiéndose requerido un ajuste adicional de aproximadamente US$ 4.600 millones.
Inclusive, el documento planteó que el Presupuesto de este año ya tiene problemas de financiamiento, lo que derivaría en la necesidad de realizar un ajuste mayor de gasto que el previsto por Teatinos 120.
"Pese a las advertencias del CFA sobre riesgos a la baja en las estimaciones de ingresos, estas no fueron corregidas oportunamente durante la tramitación de la Ley de Presupuestos de 2025. No haber considerado a tiempo estas advertencias constituye parte del problema que se enfrenta actualmente, dado que se cuenta con un gasto aprobado que debería ser ajustado en una magnitud relevante (0,97% del PIB, equivalente a US$ 3.310 millones) para cumplir la meta vigente de BE de -1,1% del PIB", expuso el reporte.
Incluso el Consejo va más allá: "Haber contado con mejores proyecciones de ingresos fiscales durante la tramitación presupuestaria habría facilitado el manejo fiscal actual,
al evitar la necesidad de realizar grandes ajustes de gasto para alcanzar las metas establecidas. En este sentido, aprobar un Presupuesto con proyecciones poco realistas lleva a que se comprometa gasto público sin que se cuente con los recursos para financiarlo y dificulta su reversión una vez aprobada".
En este último punto, los consejeros valoran que la Dipres esté trabajando en mejorar las proyecciones de ingresos tributarios del sector público, de la mano de una reciente asesoría del Fondo Monetario Internacional (FMI).
El desafío para el próximo Gobierno
Junto con señalar que el período de estrés fiscal se ha vuelto "permanente", el CFA ejemplificó que para 2026 nuevamente volverá a incumplirse la meta de balance estructural, el cual se ubicará en -1,1% del PIB, objetivo que el Ejecutivo preveía alcanzar en 2025.
"Para 2026, el Ministerio de Hacienda también plantea ajustar nuevamente la meta estructural, a -1,1% del PIB, pero sus proyecciones muestran que los gastos comprometidos, sin acciones correctivas adicionales, llevarían a un déficit estructural
de 1,7% del PIB, cifra similar al ritmo de deterioro promedio de las cuentas fiscales observado en los últimos 17 años. Así, las proyecciones actuales de la Dipres muestran que, incluso con el cambio de decreto de política fiscal propuesto por el Ministerio de Hacienda, se incumpliría la meta de BE en dicho año", planteó el Consejo.
De esta manera, el organismo advirtió que habrá un esfuerzo "sustantivo" de ajuste de gasto que tendrá que ejecutar un próximo Gobierno, a partir de marzo del próximo año. De hecho, Rodríguez afirmó que "al próximo Gobierno le tocará una situación muy dura".
"En ausencia de nuevos ingresos, el crecimiento real del gasto compatible con la nueva meta de BE para 2026 sería de solo 0,7%, mientras que el promedio para el período 2026-2029 sería de 1,5% real anual, cifras muy inferiores al promedio de crecimiento del gasto de los últimos 15 años (4,9% real promedio entre 2010 y 2024). Esto refuerza la necesidad de un acuerdo amplio por la sostenibilidad fiscal", sentenció el CFA.
Valora correcciones, pero con matices
Otro de los pasajes destacados del informe se relaciona con valorar las medidas correctivas que anunció Hacienda, que incluye un mix de medidas administrativas y legales, para revertir el incumplimiento de la meta fiscal. Aunque con matices.
"El Consejo valora las acciones correctivas para la convergencia fiscal anunciadas por el Ministerio de Hacienda ante el incumplimiento de la meta fiscal en 2024, y que ellas incluyan medidas administrativas y legislativas, pero advierte que las acciones administrativas por sí solas son insuficientes para cumplir con las metas fiscales, por lo que se requiere un mayor esfuerzo de eficiencia, incluso para el gasto público que la Dipres define como comprometido por ley", señalaron los consejeros.
Yendo al detalle, el CFA Consejo consideró que el ajuste de gasto administrativo adicional para 2025 de 0,13% del PIB (equivalente a US$ 433 millones) resulta "insuficiente" frente a los desafíos que enfrentan las cuentas fiscales, siendo necesario aplicar recortes de "mayor magnitud, cuidando que no afecten la provisión de beneficios sociales prioritarios ni que se centren en la inversión pública, lo cual no implica que no puedan lograrse ganancias de eficiencia en esos ámbitos".
En cuanto a las medidas legislativas, el organismo advirtió un "alto grado de incertidumbre", dado que podrían no ser aprobadas, aprobarse en un plazo posterior a este año o bien sufrir modificaciones en su tramitación legislativa que cambien su efecto fiscal, "lo que se ve agravado por la ausencia de un cronograma explícito por parte del Ejecutivo que permita monitorear el avance de cada iniciativa, evaluar su viabilidad política y estimar con mayor precisión su impacto temporal".
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