En marzo de 2023, el Fiscal Nacional, Ángel Valencia, designó al entonces Fiscal Regional de Magallanes, Eugenio Campos, para encabezar la nueva Unidad Especializada Anticorrupción del Ministerio Público, la cual tiene a su cargo infracciones a la probidad y lavado de activos. Lo antecedía el hecho de que desde 2016 lideró la investigación denominada “Verde Austral”, la que implicó perseguir una malversación de más de $ 28 mil millones al interior de Carabineros.
Desde entonces, se embarcó en la operatividad y trabajo en terreno del área, junto con colaborar con cada una de las fiscalías regionales y locales en delitos de corrupción y de alta connotación. Así, bajo su paraguas está la coordinación de casos como el referido a convenios, fraudes municipales, desafueros de parlamentarios, malversaciones de fondos en las policías y, más recientemente, el vinculado con las licencias médicas mal utilizadas por funcionarios públicos que detectó la Contraloría General de la República, que se suma a lo que ya habían pesquisado de emisores fraudulentos de este tipo de documentos.
Campos explica que su rol es “ir en búsqueda de la ruta del dinero mal habido u obtenido en forma ilícita cuando tiene delitos base, que es la corrupción. Nosotros también perseguimos el lavado de activos y, conjuntamente, nos preocupamos de la probidad interna del Ministerio Público”.
“Vamos en búsqueda de la ruta del dinero mal habido y de la corrupción”. “No habíamos tenido nunca en la historia de nuestro país tanto alcalde formalizado por delitos de corrupción”.
Según expone, “tenemos centenares de investigaciones de alta corrupción, de temas de fraude al Fisco, malversaciones y otros que impactan a la realidad de toda la ciudadanía, toda vez que afectan la fe pública y el erario fiscal”.
- ¿Qué investigación destacaría en particular?
- Pareciera ser que la palabra licencia llegó para quedarse. O mejor dicho, lo que tenemos con temas de licencias médicas, también lo tenemos con temas lamentablemente de licencias de conducir, donde hay focos importantes a nivel no tan solo regional, sino que a nivel nacional. Hay varias investigaciones incipientes, pero que al día de hoy ya generan un ruido importante desde el punto de vista de corrupción: cómo se están obteniendo fraudulentamente en algunas municipalidades licencias de conducir sin cumplir los requisitos legales; y hay verdaderas asociaciones delictuales enquistadas precisamente para el otorgamiento.
Son investigaciones que se están manejando a la fecha en forma importante por fiscalías, hay algunas incluso en que existen formalizaciones.
- Y, en el caso específico de las licencias médicas reveladas por Contraloría, ¿en qué etapa están?
- Para nosotros esto no es novedad y hay que indicar el esfuerzo que realiza la Fiscalía preponderantemente a partir del año 2020 respecto del otorgamiento de licencias fraudulentas. Entre ese año y 2022 la Fiscalía Regional Oriente lleva investigaciones.
De hecho, tenemos un juicio oral que comienza el 15 de julio del presente año con varios ya médicos condenados y otros particulares también condenados por delitos precisamente de corrupción por temas de lavado de activos. Las cúpulas importantes de estas asociaciones criminales son las que enfrentan este juicio oral, cuyas acciones significaron pérdidas para el erario fiscal, en este caso para el Fondo Nacional de Salud (Fonasa), de más de $ 28 mil millones.
Esa experiencia que tenemos en estos casos fue la que vamos a volcar en este informe de los 25 mil funcionarios públicos que impacta en más de 770 instituciones públicas. Ya hemos efectuado cruces de información entre los médicos que teníamos en esta investigación y hemos encontrado efectivamente factores comunes de facultativos que entre uno y otro caso, hay duplicidad.
- Usted pidió “no satanizar” a los funcionarios públicos. ¿Cómo se hace esta distinción?
- Sí, cuando me referí a este punto de vista es en relación a que no todo es ilícito, sino que desde la perspectiva de los funcionarios públicos tenemos tres tipos de responsabilidades.
La primera, de carácter civil, que es la que guarda relación con temas monetarios, demanda, que no es nuestro caso.
Una segunda, que es de carácter administrativo, de acuerdo a los deberes del cargo o los principios de probidad que tenemos todos los funcionarios públicos. Gran parte de estos 25 mil funcionarios y funcionarias tienen responsabilidades que no competen al Ministerio Público, sino que a cada una de las instituciones a las cuales pertenecen.
Y, por cierto, nosotros vemos el último ratio, que es si la conducta ya es demasiado grave y, de esa forma, puede eventualmente constituir un delito. Ahí es donde el Ministerio Público ingresa por hechos que pueden revestir carácter público. Ahí tenemos dos tipos de figuras: aquellos que otorgan las licencias médicas, por eso que hablamos de figuras del otorgamiento fraudulento de licencias médicas; y un tipo penal específico del Código Penal que habla de esta materia, como también el obtener de este fraude subvenciones que se sanciona.
“La realidad nos pega una bofetada en la cara, del punto de vista que tenemos más casos de corrupción”. “Tenemos que ser súper realistas, indudablemente que temas de corrupción han aumentado”.
Cuando digo que no se trata de satanizar, es porque cada caso es particular y ya hemos encontrado precisamente que incluso personas que tienen absolutamente justificada esa licencia médica en forma otorgada. Por ejemplo, personas que se encontraban en comisión de servicio y que, al ingreso de nuestro país, nuevamente se realizaba el test de Covid en forma aleatoria y resultó positivo.
- ¿Hay impedimento en perseguir a los funcionarios públicos que renunciaron antes de que se iniciara un sumario?
- Las investigaciones administrativas para el Ministerio Público son relevantes, porque nos pueden generar insumos importantes para una investigación. ¿Quién me otorga la licencia? ¿Cómo la obtuve? ¿Pagué o no pagué o realmente la persona tuvo esta dolencia? Son bases que nos ayudan.
No quiere decir que vamos a absorberlas 100%, sino que nos permiten generar pilares para poder después reproducir lo que se obtuvo en temas administrativos.
Desde el punto de vista penal, es un aporte. Pero el hecho de que una persona, como es el caso que usted me plantea, haya abandonado el servicio público, sea voluntariamente o por una sanción, y que esto borra cualquier responsabilidad penal, no, eso no existe. No es que tenga una especie de patente de corso o, efectivamente, lo que obtenga a través de lo administrativo anula o compensa lo penal. No, las responsabilidades en materia penal y administrativa son independientes, así lo reconoce expresamente el Código Penal y así incluso lo reconoce la nueva modificación a través de la Ley de Delitos Económicos. Con renunciar efectivamente pueden sortear quizás el punto de vista administrativo, pero no lo penal.
“Implementando buenas ideas”
- A la luz de todos los casos que ha visto, ¿cuánto cree que está permeando el delito de corrupción en Chile?
- Indudablemente que temas de corrupción han aumentado desde el punto de vista de que los canales para que la gente pueda denunciar son múltiples: las fiscalías, las policías, organismos públicos, y los medios de comunicación.
Tenemos factores relevantes del aumento de denuncias por corrupción, pero no es menos cierto que también la realidad nos pega una bofetada en la cara, del punto de vista que tenemos más casos de corrupción.
Como Fiscalía Nacional, durante los últimos dos años es cuando hemos tenido más autoridades de municipalidades formalizadas y privadas de libertad. No habíamos tenido nunca en la historia de nuestro país tanto imputado, alcalde formalizado por delitos de corrupción, como otras autoridades de las administraciones de municipalidades, también siendo objeto de investigación. O sea, al día de hoy también tenemos lamentablemente varios parlamentarios que se encuentran ad portas de trámites como desafuero, en muchos de ellos aprobados.
- ¿Cree que Chile está a tiempo de frenar la corrupción?
- Creo que estamos implementando buenas ideas, pero el trabajo que estamos haciendo lo tenemos que mejorar. No somos autocomplacientes, solo hacemos persecución penal y aplicamos la Ley que está. Si vemos que efectivamente hay responsabilidad penal, ponemos la responsabilidad penal de esas personas a disposición de los tribunales de justicia. Esa es nuestra labor fundamental.
Ahora, somos un engranaje más de esta gran cadena institucional para luchar contra la corrupción y no hay duda alguna que todos los buenos esfuerzos que hace cada una de las instituciones si los podemos coordinar, efectivamente le podemos hacer un gran frente a la corrupción. La corrupción ha avanzado, pero nuestros esfuerzos también y coordinación con todas las instituciones, como es el caso del SII. Tenemos una relación muy relevante, en donde ellos nos han colaborado con peritos de especialísima formación en todo lo que es revisión de materias de contabilidad. Han sido un gran aporte en investigaciones que están a punto de cerrar.
El uso de la inteligencia artificial: “Ha sido una buena experiencia”
Eugenio Campos, a cargo de la dirección de la Unidad Especializada Anticorrupción, explica que el plan de fortalecimiento del Ministerio Público no se ha cerrado a incluir nuevas tecnologías, ni que se limiten a las dimensiones de recursos humanos y/o logísticos, sino que ha habido un interés por ir poniéndose al día con la modernidad y, en ese contexto, apoyarse en la inteligencia artificial (IA). Y es ahí donde su fiscal virtual, llamado “Fiscal Heredia”, que es una IA, colabora incipientemente en principio con investigaciones que, en su momento, abordaban temas de crimen organizado. Sin embargo, señala que a raíz de la tecnología y también de la necesidad que enfrentaron, “es que fuimos explorando cómo pudiese colaborarnos en nuestras investigaciones sobre temas de corrupción. Y hemos obtenido logros y mejoras bastante importantes y relevantes en el desarrollo de investigaciones. El cruce de datos, por ejemplo, el análisis de cuentas, el determinar puntos de contacto en cada uno de los blancos investigativos, son cuestiones en que la inteligencia artificial nos ha ayudado particularmente. Ahí tenemos indicios relevantes que después volcamos en lo investigativo, en lo policíaco y también en peritajes”.
En su opinión, “ha sido una buena experiencia recogida incluso por otros países latinoamericanos”, cierra Campos.
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Rodolfo Carrasco
