A partir del 13 de agosto comenzarán los encuentros territoriales relativos a la consulta indígena que impulsa el Gobierno en respuesta al nuevo mecanismo de entrega de tierras propuesto por la Comisión para la Paz y el Entendimiento.
El proceso, que se realizará en 71 localidades, se dirige a todas las comunidades, asociaciones, organizaciones tradicionales e instituciones representativas del pueblo Mapuche de las regiones del Biobío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, que sean susceptibles de ser afectadas de forma directa por la medida.
La ministra de Desarrollo Social, Javiera Toro, señaló que el registro de comunidades y asociaciones indígenas de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) contabiliza 4.439 comunidades y 1.930 asociaciones en las cuatro regiones donde se desarrollará la consulta.
Sin embargo, precisó que la convocatoria es amplia, es decir, no se limita a quienes están en el listado, sino que el llamado es a todas las agrupaciones tradicionales que sean representativas de los pueblos indígenas.
La consulta es un derecho de los pueblos indígenas y una obligación del Estado consagrado en el artículo 6 del Convenio N° 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que se expresa en una dinámica de diálogo entre el Estado y los pueblos indígenas. Esto se hace con el objetivo de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de medidas legislativas y/o administrativas que puedan afectarlos directamente, como es el caso de un Nuevo Sistema de Tierras propuesto por la Comisión Presidencial para la Paz y el Entendimiento.
“No tiene un carácter vinculante, pero sí tiene por objetivo que se llegue a acuerdos entre el pueblo y el Estado; y los que se adoptan en la etapa del diálogo final de la consulta sí son vinculantes para el Estado”.
El procedimiento de consulta, detalló Toro, está diseñado sobre la base de cinco etapas. La primera se refiere a la planificación, donde se definen roles, intervinientes, metodología, lugares, mecanismos y registro de reuniones del proceso.
La segunda es información, con entrega de todos los antecedentes del objeto de la consulta; seguida por la fase de deliberación interna, donde se determinan posiciones y consensos frente a la medida consultada, por parte de los convocados; y la llamada de diálogo, que consiste en intercambio de posiciones y generación de acuerdos y disensos entre órganos responsables y convocados.
Finalmente, se llega a la sistematización, que es el resumen detallado del proceso, considerando etapas, acuerdos y disensos.
Toro recordó que el proceso se dio por iniciado el pasado 3 de julio con la publicación oficial de la resolución que instruye el procedimiento administrativo para iniciar el proceso de consulta e informó que los primeros encuentros de esta consulta se realizarán entre el 13 y 30 de agosto, según calendarización de cada región y localidad.
No vinculante
De acuerdo con la normativa vigente, la secretaria de Estado señaló que los procesos de consulta indígena tienen una duración mínima aproximada de entre cuatro y seis meses, según se trate de una medida administrativa o legislativa.
Y añadió que la consulta en sí misma “no tiene un carácter vinculante, pero sí tiene por objetivo que se lleguen a acuerdos entre el pueblo y el Estado; y los acuerdos que se adoptan en la etapa del diálogo final de la consulta sí son vinculantes para el Estado”.
Dado lo anterior, y considerando que el Gobierno termina en marzo de 2026, admitió que es difícil que en seis meses se concluya el proceso de consulta. “Es un plazo breve, pero estamos generando todas las condiciones para que el proceso pueda idealmente desarrollarse en este tiempo”, afirmó.
También dijo que entiende que es un proceso de conversación y que, en función de cómo se vaya desarrollando, “si es necesario que se extienda para garantizar condiciones de un diálogo sustantivo o que las comunidades tengan el espacio suficiente para la deliberación interna, eso pueda ocurrir”.
Una vez finalizada la consulta tendrán que implementarse cambios legislativos y, sobre este punto, la ministra espera que prosperen las iniciativas en el Congreso. “Sabemos que estamos en un clima electoral en que a veces se exacerban ciertas diferencias, pero es importante valorar el esfuerzo que se hizo en el proceso de la Comisión por la Paz por un nuevo sistema de tierras, estamos hablando de una comisión que tenía una transversalidad política que logró generar una propuesta que da una solución a una problemática de muchos años”.
Agencia de Reparación y fondo por US$ 4 mil millones
La consulta se refiere a la propuesta de la Comisión para la Paz y el Entendimiento que plantea establecer un nuevo sistema de tierras que tenga por objeto armonizar la Ley Indígena N° 19.253 con el Convenio N° 169 de la OIT. En ese contexto, será necesario resolver el problema presupuestario con un plan integral que permita dar una respuesta más rápida y efectiva a las demandas de reparación. De ahí que se recomienda que este nuevo sistema tenga una Agencia de Reparación, que será creada por ley para implementar un mecanismo de adquisición de tierras que evite los conflictos y que se ajuste al derecho y no a vías de hecho. Un sistema de financiamiento que consistirá en un Fondo Financiero para solventar el nuevo sistema de reparación. De acuerdo con el diagnóstico de tierras realizado, este fondo tendrá un valor en torno a US$ 4 mil millones.Adicionalmente, se creará un Tribunal Arbitral que tendrá competencia para resolver materias como solicitudes fundadas en demandas basadas en tierras sin titulación histórica.
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Rodolfo Carrasco
