La Asociación de la Industria del Reciclaje (Anir) se mostró en contra de los cambios que el Ministerio de Medio Ambiente realizó en el proceso de toma de razón del reglamento que Regula el Movimiento Transfronterizo de Residuos.
La autoridad explicó que espera aplicar de forma más estricta el Convenio de Basilea, que estipula que no se podrá exportar residuos si hay capacidad para recuperar y volver a utilizar las materias primas (valorizar) de algunos productos en Chile.
Aunque esto afectará distintos residuos, el caso más emblemático es el de las baterías en desuso, porque solo existe una planta con capacidad para procesarlas, en Calama.
“No se justifica prohibir la exportación de residuos peligrosos hacia empresas de reciclaje globales, de prestigio internacional, con economías de escala notables y mucha experiencia normativa, por cuanto se coarta la libertad de elegir, no se promueve la libre competencia y se incentiva por diseño institucional un incremento de la posición dominante de la única empresa que queda en Calama, al obligar a vender la batería usada a esa empresa”, explicó Anir
Agregó que el convenio de Basilea -bajo el cual se endureció el reglamento- norma estrictamente los procedimientos de cómo se debe trasladar un residuos peligroso a través de las fronteras. “Esto sin duda implica respetar las normas en todo ámbito, ya sean medioambientales, sanitarias, sociales, tributarias, contractuales y en general las de buenas prácticas comerciales”, aseguró.
Para Anir, se debe consolidar esta industria en bases a la libre competencia y “con buenas prácticas, transparente y con abundante información de calidad, pero no con prohibiciones”, dijo.
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