Tras el peak histórico que registraron en 2022, las solicitudes ingresadas para realizar loteos cayeron por segundo año consecutivo, quedando por debajo de los niveles prepandemia.
De acuerdo a los datos consolidados por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), el año 2024 cerró con 10.743 peticiones, una caída de un 29,4% respecto al período anterior. En 2023, ya habían caído un 32% interanual respecto a las 22.378 solicitudes que recibió el SAG en 2022, el máximo histórico que llevó a hablar de una fiebre de loteos en el país. Esto quiere decir que, en solo dos años, los ingresos se redujeron a menos de la mitad.
El efecto circular
¿Qué explica estas fluctuaciones? La pandemia, aparejada del teletrabajo, impulsó un proceso de migración ciudad-campo cuyo reflejo inmobiliario fue un explosivo incremento en las subdivisiones de predios rurales.
Así, en 2019 las solicitudes ingresadas al SAG totalizaron 9.907 y solo dos años después ya estaban en el orden de las 20 mil anuales.
El punto de inflexión llegó a mediados de 2022, en medio del boom de las parcelas, cuando el Ministerio de Agricultura -que tiene como titular a Esteban Valenzuela- publicó una circular que ordenó al SAG endurecer los criterios para autorizar subdivisiones. Principalmente, instruyó que se rechazara cualquier solicitud que abriera sospechas de que los loteos se destinarían a fines inmobiliarios y no agrícolas, forestales o ganaderos, como determina la normativa de subdivisiones de predios rústicos.
El instructivo de Agricultura se judicializó y al menos dos asociaciones de desarrolladores inmobiliarios rurales llevaron al ministro Valenzuela a tribunales. Incluso, la circular llegó a estar congelada por una medida prejudicial. Sin embargo, a la larga, el Gobierno salió airoso y un fallo de la Corte Suprema le dio un espaldarazo en esta ocasión, lo que permitió consolidar el criterio impuesto en la circular.
Menor carga en el SAG
Con ello, la cantidad de solicitudes ingresadas comenzó a caer en picada. Los 10.743 trámites iniciados en 2024 ya representan un número menor que lo registrado en 2020 (11.058) y también a algunos años previos a la pandemia como 2018, cuando hubo 13.782 solicitudes, o 2017, lapso en el que se anotaron 12.670.
Es relevante destacar que todos los datos consignados no consideran a la Región Metropolitana, ya que en este lugar las subdivisiones no dependen del SAG.
Vale decir, también, que las solicitudes tramitadas por el Servicio (ya sea que se hayan certificado o rechazado) cayeron más abruptamente que las ingresadas en el último año.
En 2022, se tramitaron 17.833 solicitudes y, en 2023, otras 16.800. En 2024, la cifra cae un 26,9% interanual, a 12.282. Esto también se ubica por debajo de las solicitudes tramitadas en 2018, que ascendieron a 13.296.
En paralelo, el Ministerio de Agricultura formuló un proyecto de ley que finalmente ingresó al Congreso a mediados de 2024. Su foco es mantener una normativa en la que las subdivisiones rurales estén exclusivamente destinadas a fines silvoagropecuarios, pero generando el espacio para construir “conjuntos residenciales rurales”, donde se pueden instalar viviendas, pero con más exigencias, tales como incluir servicios básicos, accesibilidad y medidas de mitigación ambiental.
La iniciativa mantiene la superficie predial mínima en 0,5 ha., pero si el proyecto llega a superar las 4 ha. o considera más de seis lotes, será catalogado como conjunto residencial.
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