Sigue la ofensiva de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). La entidad fiscalizadora informó este miércoles que formuló cargos a las empresas Chilquinta, Coelcha, Edecsa, EEC, EEPA, Enel, Frontel, Litoral, Luz Osorno, Luz Linares, Luz Parral y Saesa. Esto, por no atender los llamados de tutores o pacientes electrodependientes que estuvieron sin suministro eléctrico durante el apagón del 25 de febrero que dejó a casi el 90% del país sin electricidad.
La SEC detalló en un comunicado que la investigación de la entidad pudo establecer que fueron al menos 782 los pacientes electrodependientes que realizaron 2.309 llamadas a sus respectivas empresas para informar que estaban sin suministro, sin lograr dicho objetivo. Las empresas que concentran el mayor número de casos son Enel, Chilquinta y Saesa, con 666, 65 y 19 clientes, respectivamente, que no pudieron tomar contacto con ellos.
Cabe recordar que la Ley de Electrodependientes establece que las empresas eléctricas deben disponer de canales de contacto preferenciales para este tipo de pacientes, los cuales son prioritarios, ya que deben contar siempre con energía eléctrica para poder sobrevivir.
Este martes, la SEC comunicó la formulación de cargos a las empresas Chilquinta, Enel Colina, Frontel, Litoral, Luz Linares y Saesa, las que no habrían respondido los llamados de tutores o pacientes electrodependientes que se encontraban sin suministro eléctrico. Eso sí, respecto a los cortes de electricidad que afectaron a la zona centro-sur del país en agosto del año pasado.
Estos se suman a los cargos reformulados a Enel, por una falta similar, además de otros dos incumplimientos, que son no haber entregado equipos de respaldo y no haber priorizado a los pacientes electrodependientes al momento de la recuperación del servicio.
Reiteración de la conducta
En el comunicado, la superintendenta de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, Marta Cabeza, calificó como "lamentable" que nuevamente se estén dando a conocer incumplimientos de las empresas con estos pacientes.
"Ayer formulamos cargos a seis compañías por no atender los llamados de electrodependientes, durante agosto del año pasado, y ahora lo hacemos con otras 12 eléctricas, que tampoco respondieron a sus clientes, durante el apagón del 25 de febrero. Estos procesos administrativos buscan generar un cambio de conducta en las empresas para que sus operaciones cumplan con las necesidades vitales de los electrodependientes”, indicó Cabeza.
Desde el organismo recordaron que se continuará fiscalizando el cumplimiento de las instrucciones emitidas y obligaciones normativas, agregando que las empresas infractoras se exponen a multas que pueden llegar hasta las 10 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA), es decir, casi $ 8.200 millones para cada empresa, aunque el monto final de cada multa dependerá del mérito de la respectiva investigación.
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