Las vísperas del plebiscito no detienen el mano a mano que se está librando en tribunales respecto a la circular por la que el Ministerio de Agricultura instruyó al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) endurecer los criterios para autorizar parcelaciones rurales.
Esta semana las autoridades de la cartera y el servicio -por separado- se defendieron ante la Corte de Apelaciones de Santiago por el recurso de protección que presentó la Asociación Gremial de Inmobiliarias de Predios Rurales (IPRA) y que busca dejar sin efecto el instructivo.
En el primer escrito, presentado por la defensa del ministro Esteban Valenzuela y el subsecretario José Guajardo, las autoridades insistieron en sus argumentos respecto a la necesidad de poner un alto a la proliferación de loteos, cuyas solicitudes se han duplicado en los últimos años.
Así, citaron un documento de la Municipalidad de Puerto Varas que señala que: “La expansión horizontal y poco densa de la urbanización es un modelo habitacional inviable e ineficiente, en cuanto al consumo del suelo y al costo de dotarlo de servicios e infraestructura”.
De la misma forma, el Ministerio reiteró que muchos de los desarrollos inmobiliarios han ajustados sus proyectos para vulnerar el espíritu de la ley “al lotear terrenos rurales simulando que continúan teniendo fines agrícolas, ganaderos o forestales, aunque en realidad sus usos finales son del tipo habitacional”.
SAG: “Hemos recibido solicitudes de hasta 1.200 lotes”
El gobierno, también, niega que el instructivo enviado al SAG sea una suspensión de todas las subdivisiones de predios, tal como señaló el ministro Valenzuela en entrevista con este medio, asegurando que se han entregado alrededor de 700 autorizaciones desde que se publicó el documento.
En esa línea, en su defensa el SAG entregó antecedentes sobre las fiscalizaciones realizadas en loteos, afirmando que en estas habían observado proyectos emplazados en lugares con valor agroproductivo o ecosistémico, bosque nativo, humedales y aledaños a parques nacionales, e incluso en zonas con valor cultural como centros ceremoniales y arqueológicos, o con peligro de remoción en masa.
Además, el servicio dijo que “hemos recibido solicitudes de hasta de 1.200 lotes” y otros que se promocionan como “condominios” o “comunidades” y hasta con reglamentos de copropiedad que “prohíben expresamente la actividad agrícola”.
Agregaron que a pesar de haber fiscalizado esto, surgió un nuevo modo de operar de los desarrolladores de proyectos. “Se verificó que existían ofertas, publicidad, reserva y promesas de compra venta en blanco, de parcelas que aún no contaban con la certificación del SAG y cuya ‘destinación’, se señala explícitamente, corresponde a fines habitacionales. De esta nueva situación se hizo cargo el Ministerio de Agricultura y el SAG a través del oficio y la circular”, remató la institución.
Finalmente, el Ministerio también argumentó que el asunto es ajeno a la naturaleza propia del recurso de protección, ya que no vulnera derechos indubitados y preexistentes y afirmó que no existe ilegalidad o arbitrariedad en la actuación de las autoridades sectoriales.
“Descartamos una a una las alegaciones de la recurrente respecto a los derechos constitucionales supuestamente vulnerados” y estamos “dando preferencia a lo a lo que sucede en el terreno de los hechos, y obligados a ello para evitar la consolidación de eventuales vulneraciones a la normativa sectorial, de importantísima significación”, sostuvo Agricultura.
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