La filial de Soprole, Prolesur, presentó una excepción dilatoria ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) para impugnar la demanda interpuesta por Chilterra, sociedad productora de leche vinculada a la familia Ríos y a capitales neozelandeses.
En concreto, la demanda de Chilterra acusa a Prolesur de abuso de posición dominante y prácticas explotativas en la fijación del precio de la leche fresca. Sin embargo, la filial de Soprole calificó la acción legal como “inepta, contradictoria, vaga y confusa” y argumentó que carece de fundamentos claros.
Uno de los principales cuestionamientos de Prolesur es que en noviembre de 2024 Agrícola Dos Ríos Limitada y Agrícola La Montaña presentaron una medida prejudicial en el TDLC contra la filial de Soprole.
Ambas sociedades, vinculadas a la familia Ríos, presentaron un “relato muy similar” al de la actual demanda, con fundamentos parecidos y representadas por los mismos abogados.
Para Prolesur, esta situación genera una evidente inconsistencia en el caso, ya que se narran los mismos hechos y se imputan las mismas conductas, pero señalando a distintas empresas como las afectadas.
Esto, según la filial de Soprole, dificulta la comprensión de quién habría sido realmente perjudicado por el supuesto abuso de posición dominante que se le atribuye.
Además, la empresa argumentó que la demanda no entrega razones para justificar por qué ahora Chilterra se presenta como la afectada, a pesar de que no es parte de los contratos de suministro de leche en cuestión.
Otros argumentos
Prolesur también cuestionó que la demanda no cumple con los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento Civil, particularmente en cuanto a la claridad de los hechos y fundamentos jurídicos; sumado a que en dicha acción judicial no se precisa claramente las peticiones sometidas al fallo del tribunal.
Otro aspecto que abordó la filial de Soprole es que la acusación de Chilterra contradice la definición de mercado relevante establecida en pronunciamientos previos del TDLC y la Fiscalía Nacional Económica (FNE).
Finalmente, Prolesur señaló que la acción legal es imprecisa en sus imputaciones, ya que no fundamenta cómo los precios fijados serían injustificados ni cómo estos afectarían al mercado. Además, subrayó que la compañía no cobra por la leche fresca, sino que la adquiere, por lo que no existiría una conducta explotativa o exclusoria en su rol de comprador.
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