El Ministerio de Agricultura dictó un instructivo al Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) que pide suspender todas las solicitudes de subdivisiones de predios rurales donde haya sospechas de que serán utilizados para fines habitacionales, en vez de destinos agrícolas.
La preocupación por el aumento de loteos, particularmente en el sur del país, no es algo nuevo. Según el SAG, las solicitudes de subdivisiones se duplicaron en los últimos dos años con el surgimiento del teletrabajo. Al comienzo de esta migración, María Emilia Undurraga era quien encabezaba la cartera de Agricultura y fue a quien le correspondió representar al gobierno en la discusión del proyecto de ley que busca regular las parcelaciones.
“La diversidad de las regiones se pierde cuando se toman medidas centralizadas que bloquean procesos”.
“Un problema tan complejo, al polemizarlo, no permite entrar en el nivel técnico que requiere abrir la mirada de los distintos sectores”.
Desde la Facultad de Economía de la Universidad San Sebastián (USS), donde hoy es investigadora en el Centro de Políticas Públicas, la exministra del gobierno de Piñera señala que la situación de los loteos “es un problema real que afecta a las comunas rurales. Impacta en el paisaje, en el medioambiente y en las personas, que necesitan agua potable y acceso a servicios. También impacta a quienes habitaban en esas comunas y ven llegar a estos forasteros, con quienes tienen que convivir”.
Undurraga argumenta que la sociedad está viviendo un cambio de paradigma, donde se desvinculó la vivienda de las personas con el lugar de trabajo, lo que abre nuevas posibilidades para vivir fuera de los centros urbanos.
“Si no logramos entender esto como un desafío a largo plazo, podemos estar tomando medidas que, en vez de permitir adaptarnos, nos trunquen y nos dejen sin posibilidad de avanzar (…) Personalmente creo que la respuesta a esto no es prohibir de ahora en adelante, sino que regular”, dice.
Cada región es diferente
Para Undurraga, la raíz del problema es que en Chile “llevamos años con un foco urbano para ver las políticas públicas. El entorno rural actualmente no tiene planes de regulación. Todo lo que está fuera de los límites urbanos no tiene una regulación a nivel comunal”.
En esa línea, esgrime que cada territorio rural tiene sus propias particularidades, por lo que no es una buena idea plantear una misma legislación a nivel nacional, sino que esta debe considerar a los municipios y autoridades locales para que pueda aplicarse correctamente en cada lugar.
“El año pasado se buscaba subir la superficie de parcelación de 0,5 hectáreas (ha) a 5 ha. Y lo que ocurre es que por ejemplo en Antofagasta, en Calama, en 0,8 ha hay personas que tienen proyectos agrícolas. Es distinto a lo que ocurre en Rancagua, o en el Maule. La diversidad de las regiones se pierde cuando se toman medidas centralizadas que bloquean procesos”, afirma. “Sin duda hace falta una planificación del mundo rural, donde tengamos más claridad para todo el uso de ese suelo, tal como en las ciudades, donde tú puedes construir cierta cantidad de pisos, con cierta densidad”.
Agrega que con esto no quiere “hacer una defensa a las parcelaciones, hay que regularlas. El daño ambiental, la fragmentación de los ecosistemas, el impacto en la fauna, es real, cuando están mal hechas (…) y sin duda vamos a disminuir la capacidad de producción interna (de alimentos)”. Toda esta situación, enfatiza, se agrava con la escasez de agua en el país.
Sin embargo, Undurraga considera que el teletrabajo y la migración al campo puede ser una oportunidad para llevar emprendimiento y que los jóvenes permanezcan más en sus territorios: “Un buen ordenamiento que incorpore esta nueva forma de vida, puede finalmente favorecer el desarrollo de una comuna rural. Muchas veces en el sector urbano queremos preservar la ruralidad como si fuera el entorno de la ciudad, sin entender que también es un espacio que también quiere equilibrar su uso en lo económico, social y ambiental”.
Solución multisectorial
Respecto al instructivo presentado por el Minagri, la ingeniera agrónoma remarca que “sin disminuir la emergencia, que lo es, creo que la forma de enfrentarlo podría haber sido distinta involucrando a todos los actores y no frenando solo una etapa del proceso. Entiendo que hay que actuar y avanzar, pero creo que un problema tan complejo, al polemizarlo, no permite entrar en el nivel técnico que requiere abrir la mirada de los distintos sectores para resolverlo”.
En ese sentido, también duda de que exista la capacidad de fiscalización para el SAG, ya que tampoco es competencia de este servicio analizar qué terreno será usado para fines habitacionales. “Tú puedes estar dividiendo un terreno hoy, que 20 años después va a tener una construcción. Y el gran problema que hay acá es que por una prohibición quedemos en este blanco y negro que frene el movimiento del emprendimiento agrícola, por la sospecha de que todo puede ser derivado a una parcelación urbana”.
Para la exministra, “un problema como este, por su gravedad, es importante abordarlo desde una perspectiva multisectorial y no desde las denuncias y prohibiciones, sino a través de una regulación que permita adaptar el sistema a las realidades del futuro”.
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