Al menos diez elementos de la propuesta de reforma de pensiones del gobierno de Jair Bolsonaro pueden ser cuestionados en el Supremo Tribunal Federal (STF). Especialistas afirman que, si el texto es afirmado como está, acciones judiciales pueden apuntar inconstitucionalidades sobre la edad mínima para la jubilación, la regla de transición de los funcionarios públicos y el posible fin de la exención previsional sobre ingresos de exportación, entre otros.
Esos puntos, añaden, también puede ser usador por quienes son adversos a la Propuesta de Enmienda a la Constitución (PEC) para intentar derrotar la reforma en el Congreso. En la Cámara de Diputados, la primera comisión a analizar en la PEC es la de Constitución, Justicia y Ciudadanía (CCJ). Si los integrantes concluyen que alguna medida es inconstitucional, paralizarán su tramitación.
Algunos de los propios miembros del STF han adelantado que esperan que se lleven a cabo procesos contra la propuesta en discusión. Hasta entonces, todas las reformas previsionales se han detenido en el Supremo, según la socia de la oficina Mattos Filho, Luciana Dias Prado.
Puntos de discordia
La edad mínima es uno de los aspectos que puede ser cuestionado, a pesar de ser un recurrente en las reformas que se han propuesto a lo largo de los años. Según Dias Prado, la imposición de una edad mínima única, sin considerar las diferentes expectativas de vida en varias regiones del país violaría el principio de la isonomía o igualdad jurídica.
Para el profesor de derecho laboral de la Fundación Getulio Vargas EAESP, Jorge Boucinhas, la aplicación de las reglas de transición es otro de los puntos con mayores posibilidades de ser discutidos. Los trabajadores que quedan fuera de las reglas que figuran en el texto en debate, según él, pueden alegar el derecho adquirido a la norma intermedia. "Los que me parecen más afectados en términos de regla de transición y son potenciales autores en demanda judicial futura son los servidores públicos, que ingresaron en el régimen de 2003 a 2013", dice.
Por los cambios propuestos, tendrían reglas más cercanas a las de los trabajadores del sector privado. El cálculo del beneficio será sobre todos los salarios recibidos y no más del 80%, con el descarte del 20% de los más bajos. Además, está la opción del pago de una alícuota mayor de contribución previsional.
Por otro lado, se afirma que el incumplimiento de algunas de las cláusulas también puede ser alegado para impugnar en el Supremo un dispositivo de la reforma que descarte la inmunidad de los ingresos de exportación. A ello se sumaría el nuevo régimen de capitalización creado por el Ejecutivo.
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